Mete 4T mano al Código Penal; endurece castigos en Michoacán

MORELIA, Mich., 1 de julio de 2026.- La mayoría legislativa de la Cuarta Transformación en el Congreso de Michoacán impulsó un amplio paquete de reformas al Código Penal y al Código Familiar que endurece sanciones, incorpora nuevos delitos y amplía agravantes para diversas conductas delictivas, como parte de un dictamen que será sometido a votación del Pleno.

En rueda de prensa, el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, acompañado por el diputado David Martínez Gowman, integrante de la Comisión de Justicia, presentó el contenido del proyecto que concentra 85 iniciativas promovidas por legisladores de distintas fuerzas políticas y una iniciativa ciudadana, las cuales derivaron en reformas a 36 artículos del Código Penal.

Entre las principales modificaciones se encuentra la tipificación de la alienación parental como delito, con penas de uno a cinco años de prisión una vez agotadas las medidas previstas en el Código Familiar. 

También se incrementan las sanciones por incumplimiento de obligaciones alimentarias y se reduce de 60 a 30 días el plazo para que las autoridades migratorias sean notificadas cuando un deudor alimentario incumpla con el pago ordenado judicialmente.

El dictamen incorpora además nuevas figuras penales como la sumisión química, el desplazamiento forzado, la cohabitación forzada de personas menores de edad, el acecho, el halconeo y la colocación de ponchallantas en vías de circulación, además de establecer sanciones para quienes introduzcan dispositivos electrónicos a centros penitenciarios.

La propuesta también agrava las penas por lesiones y robos cometidos contra personas adultas mayores, delitos sexuales en transporte público, hostigamiento sexual comnetido por docentes y servidores públicos, así como por delitos perpetrados desde vehículos en movimiento para facilitar la huida de los agresores.

Durante la presentación del dictamen, Gaona adelantó que buscará incorporar una reserva para ampliar los supuestos de legítima defensa a casos de extorsión y secuestro, al considerar que los ciudadanos deben contar con mayores herramientas jurídicas para proteger su integridad frente a esos delitos.

Cuestionado sobre las críticas de que el paquete privilegia el aumento de penas sobre mecanismos de justicia restaurativa, el legislador sostuvo que corresponde a los jueces individualizar las sanciones dentro de los márgenes establecidos por la ley, mientras que el Congreso tiene la responsabilidad de actualizar el marco penal ante nuevas modalidades delictivas.

El presidente del Congreso señaló que la integración del dictamen requirió meses de trabajo, al conjuntar iniciativas que coincidían sobre los mismos artículos del Código Penal y revisar su constitucionalidad, viabilidad jurídica y competencia estatal.

El paquete de reformas, sobre el cual se prevé la imposición de algunas reservas, será discutido por el Pleno del Congreso durante la sesión de este miércoles y, en caso de ser aprobado, entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.