Marisol Sánchez, nueva Fiscal Anticorrupción en Michoacán
MORELIA, Mich., 26 de marzo de 2025.- Marisol Sánchez Zamudio fue designada como nueva Fiscal Estatal Anticorrupción de Michoacán. Sin embargo, el diputado del PRI, Guillermo Valencia Reyes, cuestionó el proceso al considerar que se llevó a cabo con rapidez y falta de transparencia.
Este miércoles, el Congreso del Estado aprobó la designación con 38 votos a favor, mientras que se registró un voto nulo y uno en blanco. Los otros dos aspirantes, Rubén Molina Ramírez y Francisco Ramírez Flores, no obtuvieron sufragios. La votación se realizó de manera secreta en urna durante una sesión pública.
El proceso inició con la convocatoria emitida el 6 de febrero de 2025. El registro de aspirantes se abrió los días 20 y 21 de marzo, y las entrevistas virtuales se realizaron el 22 y 23 del mismo mes. Los candidatos debieron presentar un video de hasta cinco minutos para responder un reactivo, con el fin de evaluar sus conocimientos y habilidades.
La Comisión de Justicia, integrada en su mayoría por legisladores de la 4T, analizó la documentación, la trayectoria y los méritos de los participantes antes de conformar la terna final. A pesar de ello, Valencia Reyes criticó que el proceso se resolviera en pocos días sin un debate amplio ni suficiente socialización.
El legislador priista señaló que la premura generaba dudas sobre la independencia de la designación. Cuestionó que, en su opinión, el Congreso solo validó una decisión previamente tomada y lamentó que no se hubiera dado mayor participación a la sociedad. Aunque votó a favor del dictamen, anuló su sufragio en protesta.
Otro punto de controversia es la relación de Sánchez Zamudio con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La nueva fiscal fue su asesora cuando él era diputado en la 74 Legislatura. Aunque negó que esto represente un conflicto de interés, su cercanía con el Ejecutivo ha generado críticas sobre la autonomía del cargo.
El Congreso ha sido señalado previamente por aprobar nombramientos de magistrados y funcionarios con vínculos con el gobierno estatal. Apenas hace dos semanas, la designación de tres magistrados anticorrupción provocó cuestionamientos similares sobre su independencia.
La Comisión de Justicia aseguró que el procedimiento se llevó a cabo conforme a la Constitución y que la elección del fiscal es un acto soberano del Congreso, sin posibilidad de ser impugnado mediante amparo. Sin embargo, las dudas sobre la transparencia del proceso persisten, y algunos legisladores han advertido que este tipo de decisiones pueden afectar la credibilidad en el combate a la corrupción.
