Mantendrá autonomía técnica y operativa la fiscalía contra corrupción

MORELIA, Mich., 6 de febrero de 2019.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantendrá su autonomía técnica y operativa de la Fiscalía General para investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción, pero se sujetará a la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

A casi un año de haberse designado al Fiscal Anticorrupción, el Congreso del Estado apenas estableció las normas mínimas de operación de esa institución en el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General que se presentará al pleno de la 74 Legislatura para su conocimiento y votación en la sesión del siete de febrero.

El Fiscal Anticorrupción, al igual que el Fiscal General, podrá ser removido del cargo a solicitud de 27 diputados por faltas en el cumplimiento de su deber y deberá elaborar anualmente un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público en términos de lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Dicho informe será remitido al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Congreso del Estado.

El Fiscal estatal anticorrupción, al igual que el personal de confianza, agentes del Ministerio público, policías de investigación y peritos, estará sujeto a la normatividad en materia de responsabilidades y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

Su actuación, al igual que la de la Fiscalía General, será supervisada por la Auditoría Superior del Estado y por el órgano interno de control, conforme a sus respectivas competencias.

El titular de esta fiscalía elaborará su proyecto de presupuesto para enviarlo al Titular del Ejecutivo del Estado por conducto de la Fiscalía General, para que se integre en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo del Estado correspondiente que envíe para su aprobación al Congreso del Estado.

En el Presupuesto de Egresos del Estado se identificará el monto aprobado a esta fiscalía para el respectivo ejercicio fiscal.

Contará con el personal sustantivo, especializado, directivo, administrativo y auxiliar capacitado para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones, el cual hasta ahora le ha sido proporcionado por la Procuraduría General de Justicia.

Incluso, hasta ahora se especifican las atribuciones que tiene ese servidor público como es la de diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los delitos en materia de corrupción; elaborar planes y programas destinados a detectar la comisión delitos en materia de corrupción los cuales deberán ser aprobados por el Fiscal General.

Otras de sus obligaciones son generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identificar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con hechos de corrupción; emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con la coordinación general de servicios periciales, para la formulación de dictámenes en materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio público.