Logra PJM vinculaciones a proceso en Uruapan y Morelia

MORELIA, Mich., 10 de enero de 2026.- Un juez de oralidad penal de Uruapan vinculó a proceso a Luis Felipe D.G. y/o Luis Felipe G.B., por su probable participación en los delitos de secuestro agravado, desaparición forzada de personas y violencia vicaria, en agravio de una persona de identidad reservada, así como por secuestro agravado de dos personas menores de edad.

El Poder Judicial reafirma que la impartición de justicia debe constituir un espacio de protección efectiva para mujeres y personas menores de edad, particularmente cuando se enfrentan contextos de violencia que afectan su libertad, seguridad e integridad, por lo que la vinculación a proceso dictada en este caso refleja una actuación judicial sensible al contexto, que reconoce las particularidades de la violencia ejercida contra mujeres y personas menores de edad, y que coloca en el centro la protección de las víctimas y el interés superior de la niñez, conforme a los principios constitucionales y legales aplicables.

Por otro lado, en Morelia se vinculó a proceso a Roberto G.G. quien se desempeñaba como profesor, por el delito de violación cometido en agravio de una joven estudiante, hechos ocurridos cuando el imputado otorgaba asesorías académicas en su oficina. Al valorar los datos de prueba presentados, el juez determinó además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses de plazo para continuar con las investigaciones.

En la misma región, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en razón de parentesco, se vinculó a proceso a Yovane H.V.; durante la audiencia, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con datos expuestos, el pasado 5 de enero de 2026, la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en la localidad de Pueblo Viejo, Tenencia de Santiago Undameo, cuando presuntamente fue privada de la vida por su hijo.

El Poder Judicial, a través de las personas juzgadoras, asume con responsabilidad el deber de analizar cada asunto con un enfoque diferenciado, garantizando la adopción de medidas cautelares idóneas conforme a la ley, así como decisiones firmes orientadas a salvaguardar los derechos de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La justicia, cuando se ejerce con perspectiva de derechos humanos, contribuye no solo a la resolución de los casos, sino también a la confianza social, la dignidad de las personas y la prevención de la violencia.