Llega Cuenta Pública 2024 al Congreso de Michoacán; inicia fiscalización
MORELIA, Mich., 14 de mayo de 2025.- El Congreso de Michoacán recibió oficialmente la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2024, documento que marca el inicio del proceso constitucional de revisión del uso de los recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo durante el año anterior.
Este miércoles, en sesión legislativa, se dio lectura a la notificación enviada por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, como representante del Ejecutivo estatal, y fue turnada a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
La entrega de la Cuenta Pública es una obligación legal contemplada en la Constitución local y la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y constituye una herramienta fundamental para evaluar la transparencia, eficiencia y legalidad con que se administraron los fondos públicos.
Su análisis permite detectar posibles irregularidades, omisiones o desvíos, y abre la puerta a sanciones administrativas, civiles o penales en caso de responsabilidades.
Este documento detalla ingresos, egresos, resultados financieros, inversiones, manejo de la deuda pública y cumplimiento de metas y programas presupuestarios.
En los próximos días, será turnado a la Auditoría Superior de Michoacán, que deberá emitir un dictamen técnico preliminar y, posteriormente, un informe individualizado para cada ente auditado.
El Congreso, a través de su Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, podrá citar a comparecer a funcionarios, solicitar información adicional o promover procedimientos sancionatorios, en caso de encontrar inconsistencias.
En el contexto actual, el análisis de la Cuenta Pública 2024 cobra especiak relevancia por tratarse del último año completo de ejercicio previo a las elecciones judiciales en curso y al cierre del segundo año legislativo.
Además, constituye un insumo clave para contrastar el discurso oficial con los resultados reales en sectores como salud, educación, seguridad, infraestructura y gasto social.
El trámite parlamentario que ahora comienza no es meramente administrativo: es una expresión del principio republicano de rendición de cuentas, base del control democrático sobre el poder público.
En ese sentido, el Congreso tiene la responsabilidad de asegurar que el escrutinio a las finanzas estatales no sea superficial ni discrecional, sino profundo, riguroso y transparente.
