Llama Nalleli Pedraza a garantizar justicia para personas sordas

MORELIA, Mich., 21 de octubre de 2026.- Garantizar que las personas sordas puedan denunciar delitos, recibir atención directa y participar plenamente en los procedimientos de procuración de justicia es el objetivo de la iniciativa presentada por Nalleli Pedraza, en conjunto con la ciudadana y parlamentaria Juvencia Citlaly Ortiz Nicolás, para fortalecer la accesibilidad y eliminar las barreras de comunicación que enfrenta la comunidad sorda en Michoacán.

De acuerdo con un comunicado, la propuesta plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de establecer mecanismos que permitan a las personas usuarias de la Lengua de Señas Mexicana acceder a los servicios de procuración de justicia en condiciones de igualdad, con respeto a su autonomía, dignidad y derechos humanos.

Pedraza señaló que la falta de intérpretes y de herramientas de comunicación accesible puede convertirse en un obstáculo para quienes buscan denunciar un delito, aportar información o dar seguimiento a una investigación. Esta situación, advirtió, puede vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a recibir información comprensible.

Explico que la iniciativa parte del reconocimiento de que las instituciones deben adaptarse a las necesidades de las personas y no trasladarles la responsabilidad de resolver las barreras que enfrentan. En ese sentido, busca que la atención a la comunidad sorda deje de depender de la disponibilidad de familiares o acompañantes que puedan interpretar y se convierta en una obligación institucional.

Entre las principales propuestas se encuentra la incorporación de herramientas tecnológicas en las instalaciones de la Fiscalía, mediante códigos QR y enlaces que permitan a las personas sordas establecer videollamadas con personal capacitado en Lengua de Señas Mexicana, facilitando la comunicación directa para solicitar atención y presentar denuncias.

Asimismo, se plantea garantizar el derecho de las personas sordas a elegir un perito intérprete de su confianza durante las diligencias ministeriales. Para ello, la propuesta contempla que la institución cubra los honorarios correspondientes o proporcione un servicio gratuito e inmediato, de acuerdo con los mecanismos que se establezcan.

El tercer eje busca eliminar las prácticas discriminatorias que invisibilizan a las personas sordas durante la atención institucional. Para ello, propone establecer obligaciones dirigidas a las y los servidores públicos para que interactúen directamente con la persona titular del trámite, respeten su autonomía y eviten que la comunicación se delegue de manera injustificada a terceros.

Finalmente, Pedraza sostuvo que el acceso a la justicia debe garantizarse a todas las personas, sin que una discapacidad o una barrera de comunicación se convierta en motivo de exclusión. Por ello, llamó a respaldar medidas que permitan avanzar hacia una Fiscalía más accesible, con herramientas adecuadas y personal preparado para atender a la comunidad sorda.