Listo, dictamen de reforma electoral Michoacán 2027; unos 30 cambios

MORELIA, Mich., 25 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán perfila aprobar el próximo miércoles una de las reformas electorales más amplias de los últimos años: un dictamen de 127 páginas que acumula 24 iniciativas y cerca de una treintena de cambios al sistema político electoral rumbo a la elección de 2027.

La propuesta modifica disposiciones del Código Electoral y de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, luego de más de un año de iniciativas, negociaciones y mesas técnicas entre diputados, autoridades electorales, Poder Ejecutivo y representaciones partidistas.

El paquete toca prácticamente todos los puntos sensibles del sistema electoral michoacano: violencia política contra las mujeres, acciones afirmativas, candidaturas independientes, voto migrante, representación proporcional, propaganda gubernamental, justicia electoral, digitalización de registros, nulidades de elección y operación interna de órganos electorales.

Sin embargo, la Comisión de Asuntos Electorales evitó entrar de lleno al tema que más tensiones y cuestionamientos dejó el proceso electoral pasado: los mecanismos para impedir usurpación de candidaturas indígenas, de diversidad sexual, discapacidad y otros grupos históricamente vulnerados.

Aunque el dictamen sí incorpora acciones afirmativas para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual, dejó fuera reglas específicas sobre acreditación de pertenencia efectiva a esos sectores y filtros para evitar simulaciones.

El tema quedó pendiente ante la necesidad de realizar consultas previas a pueblos y grupos involucrados, requisito constitucional indisplensable para legislar modificaciones de fondo en esa materia.

Con ello, parte de la regulación específica volvería a quedar en manos del Instituto Electoral de Michoacán mediante lineamientos y criterios operativos rumbo a 2027, escenario similar al que derivó en múltiples controversias durante el pasado proceso electoral.

Aprietan filtros para candidaturas

Uno de los bloques más robustos de la reforma endurece requisitos para acceder a candidaturas.

El dictamen fortalece el principio conocido como “8 de 8 contra la violencia”, al impedir postulaciones de personas deudoras alimentarias morosas o relacionadas con violencia familiar, delitos sexuales y violencia política contra las mujeres.

También incorpora verificaciones interinstitucionales para revisar requisitod de elegibilidad y expedientes electrónicos para agilizar registros.

El Congreso argumenta en el documento que el acceso a cargos públicos no debe revisarse únicamente desde una lógica documental, sino también bajo estándares mínimos de responsabilidad pública y protección de derechos.

En paralelo, se fortalecen atribuciones del Tribunal Electoral del Estado y del Instituto Electoral de Michoacán para prevenir, atender y sancionar violencia política contra las mujeres en razón de género.

La reforma sostiene que este tipo de violencia no sólo afecta a víctimas directas, sino que distorsiona condiciones de representación democrática y participación política.

Paridad, partidos y menos margen de choque con el IEM

Otro de los apartados relevantes redefine la relación entre partidos políticos y autoridad electoral en materia de paridad.

La propuesta establece que los partidos conservarán libertad para definir sus métodos internos de selección de candidaturas, mientras el Instituto Electoral de Michoacán verificará únicamente el cumplimiento final de reglas de paridad y requisitos constitucionales.

Además, precisa que la alternancia de género funcionará como mecanismo orientador para alcanzar paridad, pero no como requisito autónomo de registro.

El ajuste ocurre luego de años de tensiones entre partidos e Instituto Electoral por los alcances de intervención de la autoridad administrativa en decisiones internas de postulación.

Digitalizan elecciones y justicia electoral

La reforma también apuesta por modernizar buena parte de la operación electoral.

Entre los cambios destacan expedientes electrónicos para candidaturas, digitalización documental, notificaciones por correo electrónico y actualización de procedimientos en medios de impugnación.

El objetivo, según el dictamen, es reducir cargas administrativas, agilizar verificaciones y disminuir márgened de discrecionalidad y error.

También se actualizan reglas para sustitución de candidaturas, reimpresión de boletas, integración de expedientes y desarrollo de cómputos electorales.

Voto migrante, prisión preventiva y personas en postración

Otro de los bloques amplía modalidades de participación política. La reforma reconoce expresamente el derecho al voto de personas en estado de postración y de personas sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme.

Asimismo, regula candidaturas migrantes mediante criterios de residencia binacional.

El dictamen sostiene que la democracia no puede limitarse únicamente a ciudadanos en condiciones ordinarias de movilidad o residencia y que el sistema electoral debe responder a una realidad social más diversa y compleja.

También obliga al Instituto Electoral de Michoacán a fortalecer accesibilidad y difusión de convocatorias mediante medios digitales, redes institucionales y lenguas indígenas predominantes en distintas regiones del estado.

Cierran paso a “coaliciones” de independientes

La reforma también mete mano a candidaturas independientes. El dictamen prohíbe que aspirantes independientes compartan propaganda, plataformas, emblemas o campañas coordinadas que generen percepción de actuar como bloque político.

La intención, según el documento, es evitar simulaciones que conviertan candidaturas independientes en equivalentes de coaliciones partidistas sin sujetarse a las reglas aplicables a partidos.

Al mismo tiempo, la comisión rechazó propuestas para reducir porcentajes de respaldo ciudadano, ampliar plazos para recabar firmas o incrementar financiamiento privado.

Los legisladores argumentaron que flexibilizar esos requisitos podría alterar condiciones de equidad en la contienda y generar impactos operativos y de fiscalización para la autoridad electoral.

Nuevas reglas frente a violencia y campañas negras

El paquete también actualiza el régimen sancionador electoral. La reforma incorpora conceptos como violencia digital, campañas negativas, propaganda gubernamental indebida y expresiones calumniosas, además de fortalecer procedimientos especiales sancionadores.

El Congreso reconoce que las dinámicas de competencia política cambiaron con redes sociales y entornos digitales, lo que obliga a las autoridades a contar con herramientas más actuales frente a nuevas formas de agresión política y desinformación.

Intervención criminal, factor de nulidad

Además, el dictamen incorpora una nueva causal de nulidad de elección relacionada con el homicidio doloso de candidaturas registradas cuando ese hecho altere condiciones de libertad, autenticidad y equidad de la contienda electoral.

El cambio parte de la premisa de que la violencia extrema contra aspirantes no sólo afecta a una persona en particular, sino que puede modificar el comportamiento del electorado, inhibir la participación ciudadana, generar miedo social y distorsionar el resultado de una elección, especialmente en contextos donde existen presiones criminales o disputas territoriales.

Aunque el dictamen no menciona de manera expresa al crimen organizado como causal autónoma de nulidad, sí advierte la necesidad de proteger los procesos electorales frente a factores de violencia, mecanismos de coacción y contextos de criminalidad organizada que puedan comprometer la autenticidad del sufragio.

En los hechos, la reforma abre la puerta a que tribunales electorales valoren si asesinatos, amenazas o hechos violentos vinculados al entorno de una candidatura tuvieron impacto determinante en el desarrollo de una elección y, eventualmente, puedan derivar en la anulación de resultados.

Regidurías, austeridad y control institucional

La reforma también modifica reglas para integración de ayuntamientos. Permitirá que candidaturas a presidencias municipales y sindicaturas que no obtengan el triunfo puedan acceder a regidurías de representación proporcional conforme al orden de prelación de las planillas.

El dictamen sostiene que la intención es reflejar de mejor manera la pluralidad política expresada en las urnas y fortalecer representación de minorías en cabildos.

En paralelo, se establecen límites salariales para funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán y del Tribunal Electoral del Estado conforme a topes constitucionales y políticas de austeridad.

También se endurecen obligaciones de transparencia y actividad real para agrupaciones políticas estatales, además de fortalecer órganos desconcentrados del Instituto Electoral mediante listas de reserva y nuevas reglas operativas.

Las mesas técnicas para la reforma comenzaron formalmente el 2 de marzo en instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán y continuaron durante abril y mayo con participación de magistraturas electorales, Poder Ejecutivo, partidos y legisladores.

La Comisión sostiene en el dictamen que la intención es armonizar legislación local con criterios constitucionales y jurisdiccionales recientes, además de fortalecer capacidades institucionales del sistema electoral michoacano.

No obstante, el hecho de que desde el Legislativo se haya dejado pendiente la regulación específica sobre usurpación de acciones afirmativas anticipa que una parte imprortante de las disputas rumbo a 2027 volverá a trasladarse a lineamientos administrativos y tribunales electorales.