Descarta Morena confrontación ante definición de coordinación estatal
MORELIA, Mich., 13 de agosto de 2020.- El Código Electoral establece que seis meses antes de que inicie el proceso electoral ninguna persona que aspire a un puesto de elección popular puede promocionarse, pero no puede juzgarse ni sancionarse algo que todavía no ocurre, reconoció la presidente provisional del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez.
Así, a sabiendas de que violentan la normativa, Selene Vázquez, Valentín Rodríguez, Edmundo Peimbert o Alfonso Martínez, entre otros aspirantes a un cargo de elección popular, se promueven a través de redes sociales y espectaculares, sin que nadie les diga nada.
“La verdad es que de configurarse alguna responsabilidad, puede ser hasta el momento en que se registren como candidatos y, en su caso, algún partido político pueda argumentar alguna afectación a la equidad en la contienda”.
Será hasta el 6 de septiembre es cuando arranca el proceso electoral, cuando toda esa publicidad se puede valorar de forma distinta y considerarse como actos anticipados de campaña, pero seguramente será retirada el día 5, indicó la consejera electoral.
Señaló que, hasta ahora, el IEM no ha recibido ninguna queja por toda esa propaganda electoral, pero a partir del 6 de septiembre van a llover, por la experiencia que se tuvo en el proceso pasado, cuando en el primer mes se acumularon 200 quejas.
El diseño de la ley solo considera los actos a partir del momento en que se inicia un proceso electoral, aunque a los servidores públicos sí se les pueden fincar responsabilidades por propaganda institucional personalizada, quienes no ejercen la función pública, no que están en ese supuesto.
“Así está el diseño de la ley, es bien complejo para el órgano electoral porque pareciera que no está viendo, pero estamos viendo con la precisión técnica de la ley e inclusive los espectaculares que vemos de funcionarios públicos, con que digan informe de gobierno, están permitidos”.
En consecuencia, el IEM no puede actuar. De hacerlo, estaría actuando en forma excesiva como autoridad, y hasta violentando los derechos político electorales, señaló en entrevista telefónica la consejera Gutiérrez.
Regular todos esos actos, tanto de ciudadanos, como de funcionarios, especificando qué es propaganda electoral y qué es propaganda institucional, tendrá que ser parte de una nueva reforma electoral.