Laudos laborales ahogan finanzas desde 2013 en el Congreso de Michoacán

MORELIA, Mich., 27 de agosto de 2026.- Los laudos laborales que actualmente representan una carga cercana a los 100 millones de pesos para el Congreso de Michoacán no son un problema reciente, sino el resultado de años de demandas acumuladas, principalmente por despidos de trabajadores de confianza al término de las legislaturas.

Uno de los antecedentes más antiguos identificados corresponde a juicios iniciados desde 2013, cuyos salarios caídos continuaron acumulándose durante años hasta que fueron resueltos. Tan solo en 2023, el Congreso destinó 22 millones 83 mil pesos para pagar 10 laudos laborales y un juicio civil, correspondientes a procesos iniciados entre 2013 y 2016.

Para 2021, el problema ya mostraba un crecimiento importante. Ese año, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje recibió 44 demandas laborales contra el Congreso, relacionadas principalmente con trabajadores despedidos durante la 74 Legislatura sin recibir su finiquito correspondiente.

La situación se agudizó con la conclusión de la 74 Legislatura, pues al iniciar la actual 76 Legislatura se contabilizaron alrededor de 170 juicios laborales en contra del Poder Legislativo. La mayoría correspondían a asuntos generados durante la 74 Legislatura, mientras que de la 75 Legislatura únicamente se habían heredado entre dos y nueve, según distintos cortes de revisión realizados por el Congreso.

La revisión de estos expedientes reveló además un problema en la defensa jurídica del Legislativo. En 2025, el entonces presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, informó que de los 170 juicios, al menos 50 no habían recibido defensa por parte del Congreso, pues en los expedientes no existían contestaciones, pruebas u otros elementos para enfrentar las demandas.

Las omisiones no solo dejaron al Congreso en desventaja dentro de los procesos, sino que también incrementaron el costo de algunos casos. Se detectaron laudos de hasta dos millones de pesos y, en al menos un expediente, el Legislativo habría terminado pagando una cantidad superior a la establecida originalmente en la sentencia.

Aunque durante 2024 y 2025 se emprendieron acciones para reducir el número de asuntos mediante conciliaciones y pagos, el pasivo laboral continuó representando una presión para las finanzas del Congreso.

En mayo de 2026, el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, informó que el Legislativo acumulaba 162 demandas laborales, con un costo global estimado en 100 millones de pesos. Para agosto, la cifra se ubicó en alrededor de 120 laudos pendientes, luego de que durante el año se destinaran aproximadamente 15 millones de pesos para resolver cerca de 25 casos.

Ahora, el Congreso pretende contemplar alrededor de 100 millones de pesos dentro de su presupuesto de 2027 para finiquitar los asuntos laborales pendientes antes de concluir la 76 Legislatura. Algunos de los expedientes contemplan indemnizaciones de entre 700 mil y un millón 500 mil pesos.

De esta manera, el pasivo que hoy enfrenta el Poder Legislativo es producto de una acumulación de conflictos laborales que se remonta a más de una década, pero que tuvo uno de sus principales puntos de concentración en la 74 Legislatura.