“¡Ladrones!”, reprocha Ana Lilia Guillén desincorporación de 37 predios

MORELIA, Mich., 4 de marzo de 2026.- La exdiputada federal de Morena, Ana Lilia Guillén, se apersonó este miércoles en la sede del Congreso de Michoacán, a cuestionar la desincorporación de 37 predios del patrimonio estatal.

“Quiero que sepan que el no mentir, no robar, no traicionar ya quedó atrás, porque en eso consiste la incongruencia. No se vale porque dijimos no mentir, no robar, no traicionar. Estamos mintiendo, robando y traicionando como partido, porque traicionar la confianza también es traición”, dijo.

En entrevista con Quadratín, acusó que es incongruente que el partido en el gobierno ahora repita prácticas que hace cinco años criticó cuando fueron impulsadas por la administración del exgobernador Silvano Aureoles.

Guillén recordó que hace cinco años desde Morena tomaron el Congreso para impedir la desincorporación de inmuebles que el entonces gobierno estatal pretendía vender, por lo que consideró incongruente que ahora legisladores del mismo partido respalden una medida similar.

“Esta desmañanada tiene que ver con la incongruencia de mis compañeros. Hace cinco años estuvimos aquí en la puerta para evitar que se desincorporaran los predios y ahora están adentro y van a aprobar la desincorporación”, reprochó.

La exlegisladora y expresidenta de Morena en Michoacán sostuvo que la principal preocupación es la falta de claridad sobre el destino de los bienes públicos, pues, dijo, no se ha informado quién podría adquirirlos ni bajo qué condiciones.

Afirmó que los predios se pretenden valuar con base en precios catastrales que, en su opinión, resultan muy bajos frente al valor real del mercado.

Como ejemplo, señaló que en Ciudad Industrial se ha estimado un valor cercano a 470 pesos por metro cuadrado y de mil 89 pesos por metro cuadrado en la zona de Santiaguito, sobre la avenida Morelos Norte, cifras que cuestionó por considerarlas muy por debajo de su valor comercial.

“Imagínate, 470 pesos el metro cuadrado en Ciudad Industrial aquí en Morelos Norte. ¿Tú crees que eso sea posible?”, cuestionó.

Guillén advirtió que, de concretarse la desincorporación en esas condiciones, se corre el riesgo de que los predios terminen en manos de particulares sin que exista transparencia sobre el proceso ni claridad sobre el destino de los recursos obtenidos.

Recordó que en el pasado reciente varios inmuebles públicos han terminado bajo control privado, entre ellos espacios relacionados con la antigua Feria, instalaciones hospitalarias y el antiguo Centro de Reinserción Social (Cereso), lo que, a su juicio, alimenta la desconfianza sobre el manejo del patrimonio estatal.

También cuestionó que la mayoría de los predios no tengan un destino social claro, al señalar que únicamente se contempla donar cuatro de ellos, tres para guarderías y uno para una clínica.

En contraste, indicó que el resto podría terminar en operaciones de venta sin que se conozca quién los adquiriría ni el uso que se les daría posteriormente.

La exdiputada estimó que el valor total de los predios podría alcanzar entre cuatro mil y cinco mil millones de pesos en términos comerciales, muy por encima de los aproximadamente 700 millones de pesos que, dijo, se calcularían con base en avalúos catastrales.

Incluso citó el caso de un predio de 55 metros cuadrados en el Callejón del Romance, cuyo valor catastral rondaría poco más de 200 mil pesos, cuando en el mercado podría alcanzar entre 500 mil y 600 mil pesos debido a su ubicación en el Centro Histórico de Morelia.

Ante este escenario, Guillén planteó que, en lugar de vender los bienes mediante desincorporaciones con avalúos catastrales, el gobierno debería recurrir a subastas públicas que permitan transparentar quién compra los predios, a qué precio y con qué destino se aplicarán los recursos obtenidos.

“En una subasta sabríamos quién la compra, en cuánto la compra y en qué se va a aplicar cada uno de esos recursos”, sostuvo. En su posicionamiento, también cuestionó que Morena haya abandonado los principios que enarboló al llegar al poder.

La exlegisladora consideró que correspondería al Congreso de Michoacán ejercer un contrapeso frente al Ejecutivo estatal, pero lamentó que exista una relación de complicidad política que, dijo, facilita la aprobación de decisiones que afectan el patrimonio de los michoacanos.