Investigan a 3 por presunto fraude de 6 mdp en Congreso de Michoacán
MORELIA, Mich., 28 de abril de 2025.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitará este lunes la formalización de la acusación ante un juez de control contra María Isabel N., Beatriz N. y Mario Alberto N., exservidores públicos de la 75 Legislatura en el Congreso de Michoacán, señalados por un presunto fraude de casi 6 millones de pesos en la compra de equipo valuado en realidad en 134 mil pesos.
Quadratín tuvo acceso a esta información, donde se confirmó que hasta el momento no existe ninguna orden de aprehensión librada, dado que la audiencia aún no se ha celebrado.
Será este 28 de abril cuando, en audiencia cerrada, se expongan los elementos que sustentan la acusación y se solicite al juez su formalización, paso previo para que pueda valorarse la emisión de medidas cautelares como la orden de captura.
De acuerdo con el expediente, la denuncia fue presentada por la representación jurídica del Congreso tras advertir, mediante dictamen pericial, que el precio pagado en el contrato formalizado por las tres personas investigadas no correspondía al valor real de los bienes adquiridos.
Se documentó que se pagaron casi seis millones de pesos por equipo que peritos evaluaron en apenas 134 mil pesos.
El proceso judicial apenas se encuentra en etapa inicial, ya que la formalización de la acusación implica que, por primera vez, se presentarán los cargos de forma oral ante el juez.
A partir de ese momento, el juzgador deberá analizar las constancias presentadas y resolver si existen elementos para proceder.
La carpeta de investigación se mantendrá abierta, ya que, durante el juicio, las personas acusadas podrían aportar datos que permitan ampliar las indagatorias y alcanzar a otros posibles responsables.
No obstante, por ahora, la imputación se centra exclusivamente en quienes firmaron el contrato de compra.
Las autoridades del Congreso que impulsaron la denuncia consideran que existen pruebas sólidas, entre ellas el propio contrato de adquisición, los comprobantes de salida de los recursos públicos y el peritaje que demuestra el sobreprecio.
