Instala PJM comité de certificación de justicia penal para adolescentes

MORELIA, Mich., 21 de octubre de 2025.- Con el propósito de fortalecer la profesionalización y especialización de las personas juzgadoras que intervienen en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, con un enfoque de derechos humanos, el Poder Judicial de Michoacán instaló el Comité de Certificación en Materia de Justicia Penal para Adolescentes, órgano colegiado especializado recientemente creado por el Órgano de Administración Judicial.

De acuerdo con un comunicado, el magistrado presidente Hugo Alberto Gama Coria le tomo protesta los integrantes del Comité que tendrá entre sus responsabilidades el diseñar, aprobar y emitir los lineamientos, criterios técnicos y procedimientos aplicables a la certificación y recertificación de las personas juzgadoras, así como de promover su actualización continua y el cumplimiento de estándares de ética y especialización en la materia.

Está integrado por Omar Alexandro Negrón Villafán, integrante del Órgano de Administración Judicial y de la Comisión de Carrera Judicial, quien asume la presidencia del Comité; Manuel Padilla Téllez, magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal de la Región Morelia; Fernando Hernández Hernández, juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia; Hill Arturo del Río Ramírez, director de la Escuela Estatal de Formación Judicial; la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa; así como por Salvador Cervantes Herrera, quien fungirá como secretario técnico del Comité para las funciones administrativas y de registro.

Es importante señalar que, con el fin de fortalecer la incorporación del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en sus instrumentos técnicos, el Comité invitó al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como instancia consultiva y observadora, representado por su titular Daniela de los Santos Torres.

Con esta acción, el Poder Judicial del Estado de Michoacán refuerza su compromiso con la justicia especializada, el enfoque de derechos humanos y el desarrollo profesional del personal jurisdiccional, en beneficio de una atención más justa y sensible hacia las personas adolescentes en conflicto con la ley.