Incumplen Chinicuila y Puruándiro entrega del primer Informe Financiero

MORELIA, Mich., 20 de mayo de 2025.- La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán informará este miércoles al Pleno del Congreso local sobre la recepción de los informes financieros del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 por parte de 111 ayuntamientos y siete consejos municipales indígenas, en cumplimiento del plazo legal que venció el 30 de abril.

La documentación fue recibida por la Mesa Directiva y turnada a la Comisión Inspectora, que a su vez la remitió el 12 de mayo a la Auditoría Superior de Michoacán para su análisis y seguimiento, conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

No obstante, los municipios de Chinicuila y Puruándiro no cumplieron con esta obligación, lo que representa una falta que puede derivar en sanciones administrativas, e incluso responsabilidades penales si se acredita daño al erario.

La ley establece que todos los entes públicos deben presentar informes trimestrales para garantizar la vigilancia del gasto y la rendición de cuentas.

Chinicuila es gobernado por Justo Humberto Virgen Cerrillos, electo por la coalición Morena, PT y PVEM. En Puruándiro, el presidente municipal es Víctor Manuel Vázquez Tapia, del PRI-PAN-PRD.

La Comisión Inspectora está integrada por los diputados Maltazar Gaona García, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, Alejandro Iván Arévalo Vera, Eréndira Isauro Hernández y Juan Antonio Magaña de la Mora, quienes serán los encargados de dar cuenta de este informe ante el Pleno.

De acuerdo con los artículos 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, la falta de presentación de los informes trimestrales puede dar lugar al inicio de un procedimiento para determinar responsabilidades administrativas, ya que se trata de una obligación legal para todo ente fiscalizable.

Si se advierte que la omisión implicó irregularidades en el uso de los recursos, el caso puede ser turnado al Tribunal de Justicia Administrativa o incluso a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en caso de presunto daño patrimonial.