Incumple Congreso de Michoacán decreto para sustitución del IMAIP

MORELIA, Mich., 15 de enero de 2026.- A 80 días de haber vencido el plazo legal para emitir las adecuaciones normativas en materia de transparencia, el Congreso del Estado de Michoacán no ha aprobado las reformas necesarias para garantizar plenamente el derecho de acceso a la información pública tras la extinción del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).

El decreto que extinguió y ordenó la liquidación del IMAIP, publicado el 30 de abril de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, estableció que el nuevo marco normativo debía emitirse a más tardar en octubre de 2025. El plazo concluyó el 27 de octubre sin que, al 15 de enero de 2026, el Pleno del Congreso haya aprobado las leyes secundarias que sustituyan al órgano garante desaparecido.

Entre el 28 de octubre y el 15 de enero han transcurrido 80 días naturales de omisión legislativa, periodo durante el cual Michoacán carece de un marco normativo local plenamente operativo que dé certeza jurídica sobre las nuevas atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

En entrevista con Quadratín, este jueves, la titular de la Contraloría del Congreso del Estado, Brenda Fraga, reconoció que las reformas no se han concretado y que son indispensables modificaciones a las leyes locales, principalmente a la Ley Orgánica del Congreso, para trasladar formalmente las atribuciones que tenía el Instituto a la estructura de las contralorías.

“Hacen falta que se hagan las reformas a las leyes locales, principalmente pues a la Ley Orgánica, para que nos puedan trasladar las atribuciones que tenía el Instituto, trasladarlos a lo que es la estructura orgánica de la Contraloría del Congreso”, señaló.

Explicó que cada institución deberá realizar ajustes en sus documentos jurídicos base y que, en todos los casos, las reformas deben pasar por el Congreso del Estado. “Cada institución tiene que hacer lo propio en cada uno de sus documentos jurídicos base… todos tienen que pasar por el Congreso del Estado para que se haga la reforma a cada uno de esos documentos”, indicó.

Fraga detalló que desde noviembre se instaló una mesa de trabajo con las contralorías que ahora fungirán como entes garantes, tras una reunión convocada por la Contraloría del Estado, en la que se identificaron los pendientes derivados de la extinción del IMAIP. 

“A partir de ahí empezamos a tener mucha más comunicación con todas las contralorías, y en su gran mayoría pues ya todos tenemos los proyectos para la reforma a la ley”, afirmó.

No obstante, reconoció que el proceso se ha visto retrasado, entre otros factores, por la carga legislativa de cierre de año. “Yo entiendo que se satura siempre diciembre por los temas de presupuesto, pero esperemos que en el mes de febrero puedan salir ya todas las reformas”, sostuvo.

Respecto a las implicaciones del incumplimiento del plazo de 120 días previsto en el decreto, la contralora consideró que no se trata de un desacato formal, aunque sí de un retraso que debe corregirse. 

“Los 120 días son obviamente para poner un límite en relación a acordar los tiempos legales, pero tampoco no sucede gran situación, sino más bien aquí lo que antecede es que tengamos los criterios muy bien establecidos”, explicó.

Aseguró que, pese al vacío normativo, el derecho de acceso a la información no se ha suspendido, ya que la Plataforma Nacional de Transparencia continúa operando. “La Plataforma Nacional sigue funcionando, eso no tiene ninguna complicación. Cualquier ciudadano en cualquier momento, en cualquier área puede solicitar información”, afirmó.

Indicó que las contralorías continúan respondiendo solicitudes conforme a los mecanismos vigentes, aunque advirtió que el reto principal es organizativo, ya que las instituciones deberán asumir atribuciones que antes no tenían. 

“Cada institución tiene que asumir acciones, atribuciones que anteriormente no tenía y por tanto sus estructuras orgánicas sí van a cambiar”, señaló.

En el caso del Congreso del Estado, Fraga sostuvo que el impacto será menor, al contar ya con una coordinación de transparencia. “Solo habrá que ajustar algunas de las funciones y atribuciones y un poco fortalecerla con personal ya del Congreso”, dijo.

Sobre el calendario legislativo, precisó que ya se presentó una propuesta ante la Junta de Coordinación Política y que los proyectos podrían estar listos para ser incluidos en el orden del día en febrero, siempre que así lo determine la agenda del Congreso.

“Nosotros ya hicimos una propuesta, ya ellos tienen el proyecto que corresponde al Congreso del Estado”, indicó. 

Mientras tanto, el retraso mantiene a Michoacán en una situación de incertidumbre normativa, en un contexto nacional marcado por la discusión pública que generó la desaparición de los órganos garantes de transparencia y los cuestionamientos sobre la capacidad de las nuevas estructuras para garantizar, sin retrocesos, el derecho de acceso a la información pública.