Incluirán cooperativas en ley económica de Michoacán

MORELIA, Mich., 24 de marzo de 2026.- El Congreso de Michoacán perfila la aprobación de una reforma de fondo a la Ley de Desarrollo Económico del Estado para incorporar de manera explícita a las sociedades cooperativas dentro de la política pública, en un intento por corregir vacíos legales y reorientar el modelo de crecimiento hacia esquemas con enfoque social.

El dictamen, ya elaborado por la Comisión de Industria, Comercio y Servicios y listo para su discusión en el Pleno, propone modificar diversos artículos de la legislación vigente para reconocer a las cooperativas como actores económicos formales, con acceso a estímulos, financiamiento, capacitación y mecanismos de fortalecimiento productivo.

El planteamiento parte de un diagnóstico central: aunque la Secretaría de Desarrollo Económico ya tiene atribuciones para impulsar el cooperativismo y la economía social, estas no cuentan con un respaldo operativo claro en la ley, lo que ha generado una desconexión entre la política pública y las herramientas legales disponibles.

En ese sentido, la reforma busca saldar lo que se describe como una deuda histórica con las formas de organización social del trabajo, particularmente aquellas que operan bajo esquemas colectivos, solidarios y comunitarios, pero que han permanecido en condiciones de invisibilidad normativa frente a empresas de capital tradicional.

El dictamen establece que las sociedades cooperativas no solo deben ser reconocidas como unidades productivas, sino integradas plenamente en la estrategia de desarrollo económico del estado, lo que permitiría a la autoridad diseñar programas específicos acordes a su naturaleza, como esquemas de financiamiento solidario, capacitación especializada y vinculación productiva.

Entre los cambios más relevantes, se incorpora la definición de sociedad cooperativa dentro de la ley, además de incluirlas de manera transversal en las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, que deberá promover su creación, consolidación y participación en mercados estatales, nacionales e internacionales.

Asimismo, se plantea que estas organizaciones puedan acceder a apoyos financieros, facilidades administrativas, estímulos económicos y programas de comercio exterior, en condiciones similares a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de fortalecer su competitividad.

La reforma también abre la puerta a la creación de mecanismos de garantía y esquemas de financiamiento público y privado con tasas acordes a su capacidad de pago, así como a su inclusión en estrategias de vinculación entre el sector educativo y el productivo, con énfasis en proyectos impulsados por jóvenes.

Otro de los ejes del dictamen es el fortalecimiento del mercado interno y el impulso al comercio a corta distancia, bajo la lógica de que las cooperativas pueden desempeñar un papel clave en la reactivación económica regional y en la generación de cadenas productivas más equitativas.

La Comisión dictaminadora sostiene que el cooperativismo representa un modelo económico resiliente, democrático y con capacidad de adaptación en contextos de crisis, al tiempo que promueve la participación de sus integrantes en la toma de decisiones y la distribución equitativa de los beneficios.

En ese sentido, se subraya que este tipo de organizaciones contribuyen no solo al crecimiento económico, sino también al fortalecimiento del tejido social, la cohesión comunitaria y la preservación de prácticas productivas tradicionales, especialmente en regiones con alta marginación.

El dictamen advierte además que la inclusión de las cooperativas en la ley permitirá ampliar la base productiva del estado, al incorporar a sectores que históricamente han quedado fuera de los esquemas formales de desarrollo, lo que podría traducirse en mayor generación de empleo digno y en una reducción de desigualdades.

De aprobarse en el Pleno, la reforma establecerá que el desarrollo económico de Michoacán no se mida únicamente en términos de inversión de capital, sino también en función del bienestar comunitario, la organización social del trabajo y la participación colectiva en la actividad productiva.

El decreto contempla su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con lo que se abriría una nueva etapa en la política económica estatal, orientada a equilibrar el impulso empresarial con modelos de economía social.