Impulsan en Michoacán sanción a violencia institucional de género

MORELIA, Mich., 29 de junio de 2025.- El Congreso de Michoacán se prepara para discutir una reforma que reconoce al propio Estado como agente de violencia contra las mujeres. 

Se trata de una iniciativa que presentará el diputado Antonio Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano, que busca incorporar la violencia institucional como una nueva fracción en el artículo 9 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

El proyecto propone sancionar actos, omisiones o prácticas sistemáticas de personas servidoras públicas que, mediante negligencias o abuso de poder, perpetúen desigualdades, reproduzcan estereotipos o impidan el acceso efectivo de las mujeres a sus derechos humanos.

De acuerdo con la argumentación, esta forma de violencia no se limita a hechos aislados; es estructural, reiterada y muchas veces legitimada dentro de las instituciones, advierte la exposición de motivos. 

El Legislador sostiene que incorporar esta figura jurídica es indispensable para cerrar la brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y su ejercicio efectivo.

La iniciativa identifica tres ámbitos de violencia institucional: organizativo-instrumental, como la falta de personal capacitado o atención fragmentada; cultural, relacionada con estereotipos patriarcales y racistas; y hacia mujeres en situación de vulnerabilidad, como migrantes o privadas de libertad, quienes sufren maltrato, omisión y falta de protección.

De acuerdo con Toño Carreño, prácticas como revictimizar a mujeres que denuncian, negarles acceso a servicios, omitir medidas de protección, o simplemente no creerles, constituyen formas de violencia institucional que deben visibilizarse y sancionarse.

La propuesta no sólo armoniza la ley local con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que refuerza el marco normativo al incluir términos clave como práctica sistemática y abuso de poder, ausentes en la legislación federal.

A decir de Toño Carreño, el Estado no puede ser parte del problema. Tiene la obligación de erradicar toda práctica que, por acción u omisión, perpetúe la violencia de género. Añade que tipificar esta modalidad contribuirá a exigir la rendición de cuentas y a garantizar la reparación integral del daño.