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MORELIA, Mich., 20 de noviembre de 2025.- El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, reconoció que los sistemas normativos indígenas enfrentan retos democráticos que deben atenderse, pues aún se presentan prácticas que restringen la participación de mujeres y jóvenes o que imponen requisitos discriminatorios en la designación de autoridades.
Entrevistado este jueves durante el Foro Nacional Sistemas normativos internos y sistema electoral: armonización necesaria INE-Ople, explicó que estos casos evidencian áreas de oportunidad para fortalecer la protección de derechos políticos al interior de las comunidades.
Señaló que, aunque son situaciones minoritarias, sí ocurren y requieren atención institucional y comunitaria. Recordó episodios en los que una mujer joven soltera fue excluida de una elección interna o donde se establecieron requisitos adicionales que el tribunal declaró inválidos.
A partir de estos desafíos, Hurtado subrayó la necesidad de reflexionar sobre cómo armonizar los usos y costumbres con el sistema electoral nacional.
Apuntó que cada comunidad cuenta con reglas internas para elegir a sus autoridades, mientras que el Sistema Nacional de Elecciones opera con lineamientos formales.
El objetivo, dijo, es construir mecanismos que permitan la convivencia de ambos modelos y evitar que los derechos individuales queden expuestos a interpretaciones restrictivas.
El titular del IEM agregó que esta reflexión es especialmente relevante ante la proximidad de elecciones de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde suelen coincidir calendarios electorales con procesos internos de autogobierno.
Uno de los puntos donde más se expresan tensiones, advirtió, es en la instalación de casillas, pues “hay algunas que sí acceden, otras que no, entran en un diálogo, algunas se pueden, otras no se pueden, otras se reubican”, lo que obliga a prever rutas de coordinación.
Sobre el contexto nacional, mencionó que entidades como Chiapas y Oaxaca tienen experiencias valiosas en la materia y que es necesario conocer cómo han procesado sus conflictos para valorar si Michoacán requiere ajustes legislativos.
Aclaró que el estado ha resuelto casos relevantes con base en precedentes del INE sobre tutela de derechos, pero aún debe analizarse si estas figuras necesitan fortalecerse.
En cuanto al acompañamiento del IEM en procesos de autogobierno, dijo que no existe una obligación legal para intervenir en todas las consultas o designaciones.
Explicó que, en los ejercicios donde sí participa, el instituto formula tres preguntas centrales: si la comunidad quiere o no el autogobierno, si está dispuesta a asumir obligaciones y si acepta integrar un órgano de administración de manera paritaria.
Sin embargo, señaló que “rara vez regresa el instituto a participar en la designación de ese órgano de administración”, porque validar esa integración no es un mandato normativo.
Afirmó que muchas comunidades renuevan autoridades sin intervención del IEM y que estos actos son válidos mientras exista un acta de asamblea y no haya conflicto interno.
Precisó que el acompañamiento institucional se da cuando la comunidad lo solicita, por ejemplo, para la expedición de nombramientos formales firmados por la Secretaría Ejecutiva y por el propio Consejo General.
Hurtado reiteró que el objetivo no es imponer un modelo sobre otro, sino identificar los puntos críticos para conciliar autonomía comunitaria con protección de derechos individuales.
Destacó que los foros deben servir para abrir diálogo, revisar experiencias y valorar si las soluciones actuales bastan o si deben fortalecerse mediante ajustes normativos o administrativos.
Concluyó que reconocer la coexistencia de ambos sistemas y evitar vacíos que deriven en conflictos o vulneraciones de derechos es uno de los desafíos centrales para los próximos ejercicios de autogobierno y renovación de autoridades.




