Hasta 80% de empresas, sin comités contra violencia a mujeres: Abogado

MORELIA, Mich., 5 de marzo de 2026.- Hasta 80 por ciento de las empresas carece de mecanismos internos para prevenir violencia laboral contra mujeres, mientras que en la administración pública las prácticas de discriminación, acoso o violencia podrían alcanzar alrededor de 60 por ciento de los casos, estimó el abogado laboralista Luis Fernando Rodríguez Vera.

En rueda de prensa, el especialista explicó que su trabajo se centra en asesorar a empresas para que adopten medidas preventivas frente a posibles conflictos laborales, entre ellas la elaboración de reglamentos internos, la integración de comisiones mixtas entre trabajadores y patrones y la implementación de protocolos contra discriminación y violencia laboral.

Indicó que el diagnóstico en el sector privado revela rezagos importantes en el cumplimiento de estas disposiciones. “Digamos que el grado de informalidad realmente es arriba del 80 por ciento y nuestra tarea es precisamente irles ayudando cómo irnos fortaleciendo, cómo vamos conformando nuestro reglamento interno, cómo vamos evitando el menor cúmulo de violaciones”, señaló.

Explicó que la legislación laboral obliga a las empresas a contar con mecanismos específicos para atender quejas por acoso, discriminación o violencia dentro del centro de trabajo.

 Estos mecanismos incluyen comités internos integrados por representantes de trabajadores y patrones, encargados de analizar denuncias y determinar medidas correctivas o sanciones.

“Tenemos la obligación de tener protocolos de no discriminación y eliminación de cualquier tipo de violencia”, dijo, aunque reconoció que en muchas empresas esas medidas aún no se implementan o funcionan de manera limitada.

Según explicó, el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas que van “desde los 50 UMAS hasta los 5 mil”, lo que puede traducirse en multas superiores a 580 mil pesos dependiendo de la gravedad de la falta.

El abogado citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que señalan que tres de cada diez mujeres padecen algún tipo de violencia, aunque advirtió que en el ámbito laboral existe un subregistro importante porque muchas trabajadoras no denuncian por temor a represalias o a perder su empleo.

Además de la violencia directa, mencionó otras problemáticas que afectan a las mujeres en el trabajo, como la brecha salarial. De acuerdo con cifras referidas del INEGI, las mujeres perciben salarios hasta 25 por ciento menores que los hombres y su participación laboral se mantiene alrededor de 45 por ciento.

Señaló que la discriminación también puede presentarse desde el proceso de contratación, cuando en entrevistas laborales se pregunta a las aspirantes si están casadas o embarazadas, pese a que la Ley Federal del Trabajo prohíbe exigir certificados de no gravidez o condicionar la contratación a estas circunstancias.

El especialista mencionó que recientemente se aprobaron reformas en materia de igualdad sustantiva y prevención de violencia laboral que impactan diversas normas, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que obliga a reforzar protocolos y capacitación en los centros de trabajo.

Dijo que las empresas deben capacitar a todo su personal en estas materias, desde niveles operativos hasta directivos y consejos de administración, ya que la legislación exige demostrar que existen mecanismos efectivos para prevenir y atender conductas de violencia o discriminación.

Al referirse al sector público, consideró que las violaciones laborales pueden ser incluso más frecuentes que en las empresas privadas. Afirmó que, “a vuelo de pájaro”, podría estimarse que alrededor de 60 por ciento de los casos implican acoso, discriminación o violencia laboral.

“En la administración pública influye mucho la tendencia partidista”, explicó, al señalar que en ayuntamientos o dependencias los cambios de gobierno suelen derivar en despidos masivos del personal identificado con administraciones anteriores.

En contraste, Rodríguez Vera sostuvo que las empresas privadas suelen verse obligadas a adoptar mecanismos de control interno debido a inspecciones laborales y al riesgo de enfrentar demandas.

El abogado también refirió que las condiciones laborales más precarias se detectan en algunos sectores fuera de la capital del estado, particularmente en empresas agrícolas donde laboran trabajadores migrantes provenientes de entidades como Chiapas u Oaxaca.

En esos casos, dijo, se han documentado situaciones como falta de alojamiento digno, ausencia de sanitarios, carencia de agua potable y condiciones laborales adversas.

Finalmente, señaló que aunque existen mecanismos legales para denunciar violencia laboral, muchas trabajadoras no los utilizan.

 “La frecuencia realmente es poca porque no se animan a denunciar”, indicó, al insistir en que los protocolos internos dentro de las empresas buscan atender estos casos antes de que escalen a instancias judiciales.