No dejemos herencia legislativa para este tercer año: Octavio Ocampo
MORELIA, Mich., 5 de septiembre de 2025.- Desde el Congreso de Michoacán se reconoció que el buzón naranja no generó confianza para denunciar casos de acoso y hostigamiento sexual, por lo que se trabaja en un nuevo plan anual de actividades que busca enfrentar el miedo de trabajadores y trabajadoras a presentar quejas.
En entrevista con Quadratín, la titular de la Contraloría del Congreso del Estado, Brenda Fraga Gutiérrez, explicó que el diagnóstico realizado con 350 encuestas reveló la falta de credibilidad del mecanismo anterior.
“Las mujeres y los hombres que trabajan en el Congreso no se sienten seguros de presentar una denuncia, por eso hay tan pocas”, señaló.
Además, precisó que “otro de los parámetros es que no confían en el anonimato. El protocolo sí habla de anonimato, las leyes para la procuración de justicia sí hablan de anonimato, pero al estar muy visible, pues ya no es lo mismo”.
Fraga advirtió que el buzón físico perdió efectividad: “El buzón naranja contemplaba el anonimato, pero al estar muy visible ya no se sabía quién lo maneja, quién lo abre, cada cuándo lo abren. Todo eso pierde credibilidad y confianza de las personas que denuncian. Prácticamente no hubo seguimiento desde que se instaló”.
Ante este panorama, Fraga Gutiérrez dijo que el nuevo plan contempla “afinar el uso del buzón y generar un buzón digital para que la gente lo pueda hacer desde su casa, desde su celular, desde cualquier otro lado pueda presentar las denuncias”.
El comité responsable de este protocolo está integrado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la presidenta del Congreso y la Contraloría como secretaría técnica. Entre sus tareas está la elaboración de un plan anual con base en tres mesas temáticas y los resultados de las encuestas.
“La primera mesa es de conceptualización, para diferenciar entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual, como lo marca el protocolo”, detalló.
La segunda se enfocó en el reconocimiento de víctimas y mecanismos de no revictimización, y la tercera, que se realizaría el pasado martes, para abordar el tema de las sanciones.
La Contralora reconoció que persisten vacíos legales y contradicciones que limitan las sanciones, especialmente tratándose de representantes populares.
“La ley marca la suspensión de la comisión cuando el hostigamiento está confirmado, pero tenemos representantes populares, y entonces no le puedes suspender de sus funciones a la diputada o al diputado. Esas lagunas siguen existiendo”, explicó.
En cuanto a recursos, subrayó que el plan no implicará erogaciones extraordinarias: “Estamos buscando que haya el menor gasto posible y que se haga con los recursos que cuenta el Congreso, tanto de personal como de los convenios que ya están inscritos con algunas otras instituciones”.
Recordó que hay convenios con la Universidad Michoacana, colegios de psicólogos y tecnológicos, que servirán para implementar capacitaciones.
Una de las prioridades será capacitar a más de mil trabajadores y trabajadoras. “Debe haber capacitaciones que sean reguladas, prácticamente obligatorias, para que estemos hablando en la misma sintonía”, puntualizó.
Sobre los legisladores, Fraga reconoció que no existe una obligación expresa de tomar estos cursos.
“Como tal no está obligatorio, aunque sí creo que hay mecanismos que pueden ayudar a flexibilizar. Con este comité hemos tenido muy buena respuesta de diputadas y diputados, hasta ahorita no hemos sentido resistencia hacia ninguno de los temas”.
El plan anual será presentado al Pleno este mismo mes y, una vez aprobado, se hará público como diagnóstico de la situación interna. “Nos va a permitir tener un parámetro, porque nunca se había levantado información oficial”, explicó.
Adelantó que los resultados incluirán un apartado con las encuestas realizadas hace 22 días, en las que el 60 por ciento de los participantes señaló tener más de dos legislaturas laborando en el Congreso.
Finalmente, la Contralora del Poder Legislativo destacó que esta experiencia busca trascender al ámbito estatal: “Es una buena experiencia porque también de aquí se van a desprender muchas instrucciones para los otros poderes. El Ejecutivo no tiene protocolo y el Poder Judicial no tiene protocolo”.




