Fiscalía anticorrupción no descarta investigar a JC Barragán
09 de julio de 2026
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12:47
Archivo/Alejandro Hernández/Quadratín Michoacán
Cecilia Sierra/Quadratín Michoacán
MORELIA, Mich., 9 de julio de 2026.- Ni por sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa ni noticia criminal por el desvío de recursos por 5.6 millones de pesos del programa Beca Futuro, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió investigación penal contra el diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez.
Durante la presentación del informe anual de actividades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, su titular, Marisol Sánchez Zamudio, informó que la institución aún no integra una carpeta de investigación relacionada con ese caso.
"Derivado de la información que conocimos a través de redes sociales sobre la inhabilitación, actualmente no tenemos una investigación abierta en materia penal. No descarto que pueda iniciarse, pero por el momento ese asunto no forma parte de las investigaciones de la Fiscalía. Apenas estamos conociendo el caso. Hoy no existe una carpeta abierta, aunque no se descarta que pueda investigarse", declaró.
La resolución del Tribunal también impuso al legislador una sanción económica superior a 5.6 millones de pesos, tras determinar responsabilidades administrativas por el manejo de recursos del programa Beca Futuro durante el periodo en que Barragán Vélez se desempeñó como secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
La sentencia tuvo repercusiones en el escenario político rumbo al proceso electoral de 2027. Barragán Vélez era uno de los perfiles de Morena que buscaban la candidatura a la Presidencia Municipal de Morelia y formaba parte del equipo político del senador Raúl Morón Orozco, aspirante a la candidatura del partido a la gubernatura de Michoacán.
La resolución del Tribunal reconfiguró la competencia interna de Morena en Morelia al dejar fuera de la contienda a uno de los aspirantes que había manifestado públicamente su intención de buscar la alcaldía, mientras la Fiscalía Anticorrupción analiza si existen elementos para iniciar una investigación penal derivada de los hechos que motivaron la sanción administrativa.
