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MORELIA, Mich., 7 de agosto de 2025.- Aunque el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich) resolvió a su favor el juicio por la omisión de convocatoria a la reanudación de la sesión legislativa del pasado 2 de julio, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez consideró que el fallo es insuficiente y no responde a la dimensión de la ilegalidad cometida por la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
“Lo que nosotros estábamos solicitando es que se repusiera todo el proceso y no solamente que se le llamara la atención a la Mesa Directiva o a la Junta de Coordinación Política”, señaló el Legislador.
Entrevistado este jueves, lamentó que el Tribunal no haya cuestionado formalmente la legalidad de la sesión impugnada, pese a que en ella se discutieron y votaron iniciativas sin que él ni la diputada Ana Vanessa Caratachea, también promovente del juicio, hubieran sido convocados.
Para Barragán Vélez, el fallo del Teemich, que ordena permitirles manifestarse sobre los puntos votados en la próxima sesión, no repara el daño ocasionado por una sesión que calificó como ilegal.
“Hicieron una sesión donde tomaron decisiones por gente que no estábamos ahí, que no fuimos convocados, cuando es el Pleno del Congreso donde se toman decisiones por todas y todos los michoacanos”, reclamó.
El Legislador de Morena sostuvo que no buscaba una amonestación, sino una acción de legalidad, con la reposición completa del procedimiento parlamentario y sanciones a quienes violaron la normatividad interna del Congreso.
“Nos queda a deber el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Y no solamente en ese caso, en varios casos que han tocado en los últimos días, tal pareciera que están alineados al Poder Ejecutivo, y eso es muy malo para la democracia”, afirmó.
Adelantó que analiza con su equipo jurídico la posibilidad de promover un amparo, al considerar que el derecho político-electoral a ejercer su cargo fue violentado y no ha sido plenamente restituido. “Nosotros no nos quedaremos con esa sola resolución, vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, subrayó.
Barragán agregó que tienen un plazo de cuatro días para decidir la vía legal que seguirá, y sostuvo que la defensa del principio de legalidad en el Congreso no puede limitarse a una medida simbólica, cuando se trató de una sesión que excluyó ilegalmente a legisladores electos por voto popular.




