Facultan diputados a SSP para crear app contra extorsión en Michoacán

MORELIA, Mich., 18 de febrero de 2026.- El Congreso del Estado aprobó este miércoles en sesión pública la reforma al artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, con la que se faculta expresamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para establecer lineamientos y programas que mejoren los mecanismos de recepción, canalización y seguimiento de denuncias, privilegiando el uso de medios tecnológicos.

La modificación, votada este miércoles por unanimidad a propuesta por la diputada del PRI Adriana Campos Huirache, coloca en manos del Ejecutivo estatal el diseño e implementación de herramientas digitales para facilitar la denuncia del delito de extorsión, en un contexto donde este ilícito ha mostrado un crecimiento sostenido y una alta cifra negra.

Según los argumentos que sustentan el dictamen, la tasa nacional de víctimas de extorsión pasó de 5.09 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 8.21 en 2024, un aumento del 60 por ciento. En Michoacán, el incremento fue más pronunciado: de 0.92 a 5.92 en el mismo periodo, lo que representa un alza superior al 400 por ciento. Tan sólo en 2024 se registraron 10 mil 239 casos en el país, 295 de ellos en la entidad.

El propio documento advierte que más del 96 por ciento de los casos no se denuncian, lo que evidencia desconfianza ciudadana y limitaciones institucionales para perseguir el delito. Bajo ese diagnóstico, la reforma busca generar mayores condiciones de seguridad y confidencialidad para las víctimas, así como fortalecer la inteligencia policial a partir de la información recabada.

En lo jurídico, se reforman las fracciones 19 y 20 y se adiciona la fracción 21 al artículo 16, para precisar que el Secretario de Seguridad Pública deberá establecer lineamientos y programas que optimicen los mecanismos de denuncia mediante tecnología, además de armonizar sus atribuciones con la legislación general en materia de extorsión.

La reforma se vincula con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que hasta diciembre de 2025 reportó más de 102 mil 800 llamadas al número 089 y más de 600 personas detenidas en 22 estados, aunque el propio dictamen reconoce la distancia entre denuncias recibidas y resultados judiciales.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El Poder Ejecutivo tendrá 180 días hábiles para adecuar reglamentos, manuales y lineamientos internos.

En términos prácticos, la reforma obliga al gobierno estatal a traducir la atribución legal en una plataforma operativa funcional, con inversión tecnológica, protocolos de protección de datos y mecanismos de seguimiento efectivo. 

La apuesta legislativa es que la digitalización de la denuncia contribuya a romper el silencio que hoy mantiene a la extorsión como uno de los delitos con mayor impunidad y con impacto directo en el comercio, el autotransporte y la actividad económica en general.