Exigen periodistas michoacanos garantías; buscan crear nueva ley

MORELIA, Mich., 4 de junio de 2026.- Entre reclamos por la precariedad laboral, la insuficiencia de los mecanismos de protección, la criminalización de la labor periodística y la falta de garantías para comunicadores independientes, periodistas de distintas regiones de Michoacán plantearon este jueves una agenda de exigencias que buscarán incorporar a la nueva ley para la protección de la actividad periodística, cuyo proceso de construcción inició este jueves a convocatoria desde el Legislativo.

Durante la Instalación de las mesas de trabajo convocadas por el Comité de Comunicación Social, del Poder Legislativo, periodistas, locutores y representantes de organizaciones de comunicadores coincidieron en que cualquier legislación deberá surgir de las necesidades reales que enfrenta el sector en las distintas regiones del estado y no únicamente desde una visión centralista o burocrática.

La presidenta del Comité de Comunicación Social, la morenista Belinda Iturbide Díaz, destacó que el objetivo es construir una propuesta con participación directa de quienes ejercen el periodismo.

“No queremos una ley hecha desde un escritorio, queremos una ley construida con la experiencia, las propuestas y la voz de quienes viven diariamente el ejercicio del periodismo”, afirmó.

La legisladora reconoció que las reuniones previas sostenidas con integrantes del gremio derivaron en la decisión de abrir formalmente un proceso de consulta y construcción legislativa.

Desde la presidencia de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García respaldó el arranque de los trabajos y sostuvo que el Congreso debe garantizar condiciones para el libre ejercicio de la actividad periodística.

“Ningún periodista tiene por qué sentirse amenazado, tampoco tiene nadie por qué prohibirle a un periodista investigar”, expresó.

Gaona señaló que la libertad de expresión constituye uno de los pilares de la democracia y defendió el derecho de los medios de comunicación a cuestionar y criticar el actuar de los gobiernos y funcionarios públicos.

“Claro que se vale criticar el trabajo de los funcionarios, de los presidentes municipales, del gobernador, del Poder Legislativo”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano, ubicó la discusión en el contexto de la transformación tecnológica de los medios y el impacto de la digitalización sobre las formas de informar.

La coordinadora parlamentaria consideró que el gremio enfrenta el desafío simultáneo de producir contenidos periodísticos y adaptarse a nuevas herramientas como plataformas digitales, video, inteligencia artificial y formatos de comunicación inmediata.

“Vale la pena reflexionar qué tanto hemos avanzado en garantizar la libertad de expresión, qué tanto hemos avanzado en garantizar la objetividad”, planteó.

Propuestas desde las regiones

Las primeras intervenciones provinieron de comunicadores de distintas regiones del estado.

Carlos Nuño, representante de la región Sierra Costa y delegado de Lázaro Cárdenas de la Asociación Michoacana de Periodistas, propruso la creación de una Defensoría Estatal de Periodistas, delegaciones regionales de los mecanismos de protección, un fondo estatal para capacitación y atención de emergencias, así como un observatorio encargado de documentar agresiones contra comunicadores.

Argumentó que las condiciones de trabajo en regiones como Tierra Caliente, la Costa, la Meseta Purépecha o el Oriente son distintas a las de Morelia, por lo que una eventual legislación deberá contemplar mecanismos regionalizados.

Desde Uruapan, Lenin Guillermo Molina Ramos señaló que la principal demanda recogida entre periodistas de esa región es una protección más efectiva y contundente frente a los riesgos que implica ejercer el oficio en zonas de alta complejidad.

A su vez, Jesús Marcha Macías, presidente del Consejo Consultivo de la Delegación Michoacán de la Asociación Nacional de Locutores, pidió que la futura legislación incluya temas de certeza laboral, seguridad social y profesionalización.

“La pasión no paga la renta y un gremio fuerte necesita condiciones de trabajo justas, seguridad social y garantías para el futuro de nuestras familias”, afirmó.

También pidió que la eventual ley reconozca con igualdad institucional a radios comunitarias, medios indígenas, cronistas regionales y plataformas digitales.

Beatriz Rojas Ávila, secretaria de Género de la Asociación Michoacana de Periodistas, planteó tres ejes centrales: protección legal al ejercicio periodístico, protección física para periodistas y fortalecimiento de los derechos laborales del sector.

Destacó la eliminación del delito de ataques al honor del Código Penal de Michoacán, figura que calificó como una omisión legislativa de casi dos décadas.

Rojas Ávila también propuso la creación de un fondo estatal para cubrir gastos legales, funerarios y de atención a familiares de periodistas asesinados o desaparecidos durante el ejercicio de su actividad.

La propuesta contempla destinar el 2 por ciento del presupuesto asignado a la Coordinación General de Comunicación Social para financiar dicho mecanismo, el cual sería administrado conju.ntamente con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Adicionalmente, planteó tipificar las agresiones digitales contra periodistas, endurecer sanciones por hostigamiento cuando provenga de servidores públicos y establecer mecanismos que permitan a periodistas independientes acceder a programas de vivienda.

Prevención antes que reacción

El periodista de Uruapan, Pau Chávez, integrante del mecanismo federal de protección a periodistas tras el asesinato de su compañero David Solís en octubre de 2024, pidió que la discusión se centre en la prevención y no únicamente en la reacción posterior a las agresiones.

“La protección no puede comenzar cuando ya ocurrió una amenaza o cuando ya existe un riesgo inminente”, señaló.

El comunicador consideró necesario identificar focos de riesgo regionales y construir protocolos preventivos antes de que ocurran hechos de violencia.

También alertó sobre la fragilidad financiera de numerosos medios locales.

“Muchos medios locales vivimos en una crisis permanente. Hay incertidumbre económica, disminución de ingresos publicitarios y una dependencia histórica de contratos gubernamentales”, afirmó.

Añadió que la desaparición de medios por razones económicas también representa una afectación a la libertad de expresión y al derecho ciudadano a la información.

Críticas a la relación poder-prensa

Durante la fase abierta de intervenciones también surgieron cuestionamientos a la relación entre medios y clase política.

El periodista Rafael Tena sostuvo que cualquier legislación resultará insuficiente si persisten condiciones estructurales de vulnerabilidad para la prensa.

“Lo que se requiere realmente es que la clase política deje de culpar a los medios de comunicación de los errores que la clase política comete”, expresó.

Consideró que una parte de la desconfianza social hacia los periodistas surge cuando funcionarios atribuyen a los medios las consecuencias de decisiones gubernamentales cuestionadas.

Otra de las intervenciones abordó la desigualdad existente entre medios grandes, pequeños y plataformas digitales, así como prácticas de discriminación dentro del propio gremio.

Próxima mesa, el 18 de junio

Como parte de los acuerdos anunciados durante la instalación, el Congreso convocó a la primera mesa técnica formal para el próximo 18 de junio, a las 10 horas, en el Salón 2 del edificio conocido como La Casona, aledaño a la sede del Poder Legislativo.

Las propuestas podrán presentarse de manera presencial o enviarse por medios electrónicos para incorporarse a la discusión que dará forma a la eventual iniciativa de ley.

Belinda Iturbide subrayó que los trabajos apenas comienzan y que el proceso incluirá recorridos por distintas regiones de Michoacán para recoger planteamientos de periodistas que no pudieron asistir a esta primera reunión.