Exige Arantepacua ejecutar órdenes contra Silvano y 15 más

MORELIA, Mich., 29 de marzo de 2026.- A casi nueve años de la masacre del 5 de abril de 2017, la comunidad de Arantepacua exigió la ejecución inmediata de órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros 15 presuntos responsables, al advertir que no aceptará simulaciones ni dilaciones en el proceso judicial.

En rueda de prensa transmitida vía Facebook, autoridades comunales, víctimas y comisiones de justicia y transparencia señalaron que las órdenes de aprehensión representan “apenas el inicio de una etapa en la que el Estado está obligado a demostrar si está dispuesto a romper con la impunidad que él mismo construyó”.

“Desde el Consejo Comunal de Arantepacua hacemos un llamado a las autoridades a ejecutar con diligencia dichas órdenes y garantizar que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia”, dijo Elpidio Cohenete, integrante del Consejo Comunal.

La comunidad destacó que este avance judicial es resultado de una “lucha sostenida para romper un entramado de encubrimiento, dilatación y obstrucción institucional”, que durante años impidió el acceso a la justicia.

De acuerdo con lo expuesto, el caso fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la recomendación 20/2020, donde se señala que el ataque dejó cuatro ejecuciones extrajudiciales, incluido un menor de edad, 10 casos de tortura, 38 víctimas de tratos crueles, 48 detenciones arbitrarias, además de allanamientos y más de mil personas afectadas.

La comunidad acusó directamente al exgobernador y a quien fuera secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona, como responsables de los hechos, al señalar que “dio la orden de cometer la masacre”, mientras que la corporación a su cargo “cometió las atrocidades”.

Asimismo, denunciaron que la Fiscalía estatal, encabezada durante años por Adrián López Solís, “operó como un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia”, al retrasar diligencias, desviar líneas de investigación y presionar a víctimas.

Pese a ello, subrayaron que el proceso organizativo incluyó la compilación de pruebas, movilizaciones en Michoacán y la Ciudad de México, así como el fortalecimiento de su estructura comunitaria.

“El Estado mexicano, a través del Poder Judicial, tiene frente a sí la posibilidad de romper con años de impunidad y enviar un mensaje claro de que las violaciones graves a los derechos humanos no quedarán sin sanción”.

Advirtieron que vigilarán el actuar de las autoridades judiciales y que no permitirán la liberación de los implicados. 

“No aceptaremos simulaciones ni dilaciones. Exigimos que este proceso llegue hasta las últimas consecuencias con sentencias firmes”, señalaron.

Incluso, amagaron con movilizaciones en caso de irregularidades. “Si no hay justicia para nuestro pueblo, no habrá paz para el gobierno”, advirtieron.

En materia de reparación del daño, reclamaron incumplimientos del Ejecutivo estatal, al recordar que el 4 de abril de 2022 se prometió la construcción de cuatro obras que, afirmaron, no han sido concluidas.

La comunidad también anunció que mantendrá vigilancia permanente y coordinación con más de 40 comunidades indígenas para dar seguimiento al cumplimiento de las órdenes de aprehensión.

“Las órdenes de aprehensión son ese primer paso, hace falta que se cumplimenten, que las 16 personas estén detenidas frente a un tribunal y que ese tribunal dicte sentencias firmes”, insistieron.

El asesor jurídico de la comunidad, Enrique Guerrero, subrayó que la lucha de la comunidad se sostiene también en el ejercicio legítimo de sus derechos, al advertir que recurrirán a la movilización si el proceso se desvía. 

“La comunidad no permitirá un engaño, no permitirá ninguna corrupción del Poder Judicial y recurrirá a todos los medios jurídicos y a su derecho humano a la protesta social en caso de ser necesario”, afirmó, al enfatizar que la exigencia de justicia no se detendrá hasta que las órdenes de aprehensión se traduzcan en sentencias firmes.