Exhiben abandono a cuidadores de familiares enfermos en Michoacán

MORELIA, Mich., 16 de abril de 2026.- En un señalamiento directo a la omisión institucional en materia de cuidados, la diputada María Itzé Camacho Zapiain presentó una iniciativa para incorporar en la legislación estatal la atención a la salud mental de personas cuidadoras, un sector que sostiene en los hechos buena parte del sistema de salud sin respaldo público. La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis.

El proyecto plantea adicionar un tercer párrafo al artículo 30 de la Ley de Salud del Estado y reformar el artículo 16 de la Ley de Salud Mental, a fin de que la Secretaría de Salud implemente, desde el primer nivel de atención, programas de orientación, apoyo emocional y prevención de la sobrecarga física y mental en quienes cuidan a familiares con enfermedades crónicas, discapacidad o condiciones de dependencia prolongada.

Desde la exposición de motivos, la iniciativa coloca el tema en clave estructural: el cuidado informal es un pilar invisible que permite sostener procesos de atención, rehabilitación y acompañamiento que el Estado no cubre. Sin embargo, quienes lo realizan lo hacen sin remuneración, con jornadas prolongadas y bajo condiciones que derivan en desgaste físico y emocional.

El documento advierte sobre el llamado síndrome del cuidador, asociado a estrés, ansiedad, depresión y agotamiento emocional, como consecuencia de la intensidad y duración de las tareas de cuidado. Incluso, se refiere que alrededor de un tercio de las personas cuidadoras de familiares con enfermedades o trastornos mentales presenta niveles significativos de sobrecarga.

El diagnóstico se sostiene en datos nacionales: en México, cerca de 31.7 millones de personas de 15 años y más realizan labores de cuidado, lo que representa aproximadamente el 32 por ciento de la población en ese rango; de ellas, más de 22 millones son cuidadoras principales. A ello se suma que más del 70 por ciento de los hogares tiene al menos una persona que requiere cuidados.

La iniciativa también subraya el componente de desigualdad: la mayoría de estas tareas recae en mujeres, quienes enfrentan afectaciones en su vida laboral, social y personal, además de limitaciones para el descanso, lo que profundiza brechas económicas y de género.

Pese a que el marco legal vigente reconoce el acceso a servicios de salud mental, la propuesta identifica vacíos para atender de manera específica a quienes cuidan, por lo que plantea incorporar su atención dentro de un enfoque de salud mental comunitaria, que incluya al entorno familiar como parte de las estrategias de prevención.

De aprobarse, el Estado asumiría por primera vez la obligación de atender no sólo a quienes padecen enfermedades, sino también a quienes sostienen el cuidado cotidiano, trasladando al ámbito público una responsabilidad que hasta ahora ha permanecido en lo privado y sin acompañamiento institucional.