EU, no oposición ni Calderón, el adversario de Sheinbaum: Roy Campos

MORELIA, Mich., 17 de mayo de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum puede insistir en el “pruebas, pruebas, pruebas”, alargar el proceso y tratar de patear el balón hacia Estados Unidos, pero el problema político ya cambió de cancha: su adversario principal ya no es el PAN, ni el PRI, ni Felipe Calderón, sino Washington y su poderosa narrativa criminal, advirtió este domingo Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.

En un análisis para Radio Fórmula, Campos sostuvo que, tras los hechos del 29 de abril y la reacción presidencial de día y medio después, el gobierno mexicano intentó colocar la carga de la prueba del lado estadounidense, al cuestionar la solicitud y exigir elementos más sólidos.

Pero, según el analista, Estados Unidos “no se quedó manco”. Después vinieron declaraciones del presidente, del secretario de Guerra, de la DEA y de diversas instancias norteamericanas, lo que mostró que Washington no piensa dejar el tema en el archivo de los pendientes incómodos.

El asunto, planteó Campos, no parece agotarse con los 10 funcionarios y exfuncionarios señalados, ni con las dos personas que se habrían entregado. “Casi es imposible pensar que no vengan más cosas”, advirtió, en una frase que suena menos a pronóstico y más a campanazo en Palacio Nacional.

El punto central, dijo, es que Sheinbaum puede intentar cerrar políticamente el expediente, pero enfrente tiene a un actor que no se dobla con mañaneras, consignas ni recuerdos del pasado. Estados Unidos tiene recursos legales, diplomáticos, financieros y mediáticos. Y, sobre todo, tiene una narrativa que hoy pesa más que cualquier deslinde partidista.

Campos subrayó que la solicitud de detención provisional no violó ningún procedimiento, pues se realizó con base en acuerdos internacionales. Es decir, Washington no entró por la ventana: tocó la puerta con expediente en mano.

La contradicción mexicana, señaló, está en que mientras el gobierno exige pruebas, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas a los 10 señalados. Y ahí aparece la pregunta incómoda: si no hay elementos, ¿por qué se congelaron las cuentas?

La UIF, recordó Campos, es parte del gobierno mexicano. Por tanto, si bloqueó recursos, al menos tuvo indicios suficientes para iniciar acciones. Dicho en castellano político: no se puede gritar “no hay pruebas” mientras una oficina del propio gobierno actúa como si algo hubiera encontrado.

Para los inculpados, consideró el analista, el desenlace difícilmente será favorable. Primero, porque “el pueblo ya los juzgó”. En términos de percepción pública, la culpabilidad ya quedó instalada. Y cualquier defensa, incluso entre simpatizantes de Morena, puede leerse como un esfuerzo por no entregar “a los nuestros”.

Ese es el veneno político del caso: aunque jurídicamente falten procesos, audiencias y sentencias, socialmente el daño ya está hecho. La sospecha dejó de ser expediente y se volvió conversación nacional.

Campos planteó una posible salida para el gobierno mexicano: asumir prioridad jurisdiccional, juzgarlos en México y argumentar que no tiene por qué entregarlos a Estados Unidos. Sería una ruta soberanista, cómoda para el discurso interno y útil para ganar tiempo.

El problema, remató, es si Estados Unidos aceptaría esa explicación. “¿A poco se la va a tragar?”, cuestionó, al poner en duda que Washington confíe plenamente en el sistema judicial mexicano para procesar un caso de esa magnitud.

En otras palabras, la pelota que Palacio Nacional intentó mandar al otro lado de la frontera regresó con efecto, velocidad y destinatario claro. Y ahora el gobierno mexicano enfrenta una disyuntiva incómoda: entregar, juzgar de verdad o seguir administrando el escándalo mientras Estados Unidos enseña que todavía tiene más cartas bajo la manga.