Estancados, 829 asuntos por omisión del Congreso tras extinción de IMAIP

MORELIA, Mich., 26 de enero de 2026.- Un total de 829 procedimientos en materia de transparencia y protección de datos personales permanecen sin resolución en Michoacán, como consecuencia del retraso en la emisión de las leyes secundarias y en la activación plena de los Órganos Internos de Control que deberán asumir las atribuciones del extinto Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).

Los expedientes fueron entregados por el IMAIP como parte del proceso de liquidación derivado de la reforma a la Ley de Transparencia, que también implicó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el traslado de competencias a los órganos internos de control de cada institución pública.

El balance institucional señala que entre los años 2021 y 2025 se iniciaron 622 procedimientos, a los que se suman 207 expedientes que se encontraban en etapa de integración al momento de la extinción del Instituto, lo que da un acumulado de 829 asuntos heredados a los nuevos entes responsables.

Del total de procedimientos iniciados entre 2021 y 2025, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo concentra 430 expedientes; el Poder Legislativo, 159; la Fiscalía General del Estado, 104; el Poder Judicial, 52; el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán de Ocampo, 44; el Instituto Electoral de Michoacán, 31; la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 26; y el Tribunal Electoral del Estado, 16 asuntos.

En cuanto a los expedientes que se encontraban en proceso de integración y remisión al momento del cierre de funciones del IMAIP, se reportan 398 asuntos pendientes de ser formalmente turnados a los órganos internos de control, de los cuales 217 corresponden a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 91 al Poder Legislativo y 38 a la Fiscalía General del Estado, mientras que el resto se distribuye entre los demás sujetos obligados.

De acuerdo con el diseño establecido en los artículos transitorios de la reforma, los plazos de los procedimientos en trámite quedaron suspendidos hasta en tanto no se expidan las leyes secundarias que definan el nuevo procedimiento y las autoridades competentes para su sustanciación.

En la práctica, esta suspensión impide la emisión de resoluciones, incluso en expedientes que ya tenían términos corriendo antes de la extinción del organismo garante.

El efecto jurídico de esta disposición no se limita a los asuntos heredados. Las nuevas quejas, denuncias o procedimientos deben ser recibidos por las autoridades en atención al derecho de petición, pero carecen de plazos legales para iniciar su tramitación y para ser resueltos, ya que la legislación vigente no establece cuándo deben comenzar a contarse los términos ni bajo qué reglas se dará seguimiento a estos casos.

En términos de la legislación vigente, este vacío normativo genera un escenario de falta de certeza jurídica, tanto para los procedimientos en curso como para los nuevos, debido a que la ley condiciona la reanudación de plazos y la operación del sistema a la emisión de las leyes secundarias, sin fijar tiempos ni mecanismos obligatorios para ello.

Sobre el avance legislativo, la titular de la Contraloría del Congreso del Estado, Brenda Fraga, ha reconocido que las reformas necesarias aún no han sido aprobadas y que son indispensables modificaciones a las leyes locales, principalmente a la Ley Orgánica del Congreso, para trasladar formalmente las atribuciones que tenía el IMAIP a la estructura de las contralorías.

Fraga ha sostenido que el derecho de acceso a la información no se ha suspendido, ya que la Plataforma Nacional de Transparencia continúa operando y las solicitudes de información siguen siendo atendidas, y ha señalado que el reto principal es de carácter organizativo, debido a que las instituciones deberán asumir atribuciones que antes no tenían y ajustar sus estructuras internas.

No obstante, mientras no se emitan las leyes secundarias ni se habiliten plenamente los Órganos Internos de Control, la legislación vigente mantiene suspendidos los términos de los procedimientos administrativos, lo que en los hechos deja estancados los 829 asuntos transferidos por el IMAIP y sin una fecha cierta para su resolución.