Condena CSIM que Congreso retrase a 2027 consulta indígena en educación
MORELIA, Mich., 4 de febrero de 2026.- Empezó como un posicionamiento solemne en el Congreso de Michoacán sobre soberanía nacional y acabó como esa escena repetida en la política mexicana: el patriotismo de micrófono se volvió ring, y el ring terminó en reparto de culpas por la violencia, la inseguridad y el país que, según cada quien, se descompuso justo cuando el otro llegó o cuando el otro se fue.
Fue en sesión legislativa de este miércoles. El disparo de salida lo dio la diputada Fabiola Alanís Sámano, coordinadora parlamentaria de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, al acusar una visión colonial, intervencionista y anacrónica de la relación con Estados Unidos.
La consigna fue directa: México no es colonia, no es patio trasero y no es subordinado de nadie. Desde ahí cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sostuvo que la soberanía no se negocia, no se condiciona y no se entrega.
Alanís definió la soberanía como territorio, pueblo, Constitución, historia y poder político. Tachó de inaceptable relativizar episodios como la invasión de 1847 o insinuar que la seguridad interna pueda resolverse con intervención extranjera, militarización externa o imposiciones unilaterales.
Citó el artículo 39 constitucional y los principios históricos de la política exterior mexicana, no intervención, autodeterminación de los pueblos e igualdad jurídica de los Estados, y dejó la frase que encendió la mecha: no son eslóganes, son límites jurídicos al poder imperial.
Hasta ahí, el libreto esperado. El quiebre llegó con el diputado Guillermo Valencia, dirigente estatal del PRI, quien bajó el discurso del mármol a la Tierra calientes.
Preguntó, con ironía, de qué México sometido se hablaba y respondió con una postal de guerra: comunidades de la Sierra Náhuatl, como Salitre de Estopila y Huitzontla, en Chinicuila, sometidas por la confrontación entre grupos del crimen organizado, con casas bombardeadas con drones y desplazamiento forzado.
Valencia añadió otro ingrediente: aseguró que mercenarios colombianos y venezolanos capacitan a sicarios y enseñan a fabricar artefactos explosivos, incluidas minas terrestres.
Entonces lanzó la pregunta que dio gasolina al resto: cuál soberanía. En su tesis, el crimen tiene coordinación transnacional y el gobierno también debe coordinarse, y pidió distinguir coordinación de subordinación.
Dijo que la oposición no ha pedido intervención, sino coordinación, y advirtió que, si el Estado no lo entiende, los criminales seguirán ganando territorio.
Para aterrizarlo, invitó a mirar la sierra sur de Morelia y recorrió comunidades como si pasara lista. Ahí, afirmó, los ciudadanos pagan cuota al crimen organizado en dinero o en especie, y uno de los integrantes de la familia debe integrarse a sus filas.
En ese tramo, el discurso se desfondó de lo solemne a lo llano y quedó flotando la frase que resumió su planteamiento: el problema son los pinches criminales.
La coordinadora parlamentaria del PAN, Teresita de Jesús, intentó ocupar la franja del matiz, aunque con filo. Dijo que defender la soberanía no implica defender lo indefendible de un gobierno y acusó al Ejecutivo federal de caer en confrontaciones mediáticas con Estados Unidos.
Metió un dato con carga política: el envío de al menos 17 millones de barriles de petróleo a Cuba, mientras en México sube la gasolina. Su remate fue una bofetada al tono épico: la confrontación mediática nos ha desgastado y exhibido.
A partir de ahí, el debate abandonó cualquier pretensión diplomática y se volvió el deporte legislativo de siempre: si el país está mal, es culpa del otro, pero con nombres y apellidos.
La diputada Belinda Hurtado ironizó que la oposición ya está copiando el discurso presidencial. Defendió que falta soberanía es una mentira y aprovechó para golpear en lo local, al acusar que el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, no sabe administrar y siempre termina pidiendo prestado.
La morenista Sandra Olimpia Garibay fue directa. Preguntó quién alimentó al crimen organizado en Michoacán y respondió ella misma: Alfredo Castillo, al que llamó priísta. Advirtió que confundir coordinación con subordinación puede abrir la puerta a una intervención y que, por eso, incluso la coordinación debe tratarse con pinzitas.
Valencia respondió por alusiones. Negó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, haya pedido intervención extranjera y exigió pruebas.
Dijo que votó contra la reforma al Poder Judicial y que lo urgente es reformar el sistema de justicia penal.
Luego esculcó en el archivo archivo: recordó que Felipe Calderón paseó por Morelia el 6 de enero y acusó a Morena de no ponerse de acuerdo entre culpar a Calderón o a Castillo.
El priísta se fue más atrás y sostuvo que hasta 2001 Michoacán era de los estados más seguros del país, con reconocimientos de la DEA y el FBI.
Colocó el parteaguas en la llegada de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, a quien acusó de entregar el estado al crimen organizado. Su sentencia fue clara: quien entregó Michoacán fue Leonel Godoy Rangel.
La panista Vanessa Caratachea intentó un respiro académico y procedimental. Dijo que se confunden soberanía y autonomía, citó a Bobbio y Ferrajoli para recordar que la soberanía también se limita por la Constitución, y sostuvo que existe soberanía interna.
Coincidió en rechazar la intervención extranjera, pero afirmó que en Michoacán no hay Estado de Derecho. De paso, reclamó que el posicionamiento no se distribuyó en tiempo y forma, a lo que la Mesa Directiva respondió que la ley no aplica a posicionamientos.
El intercambio volvió a descomponerse. Belinda Hurtado afirmó que el dirigente nacional del PRI no pidió intervención en Estados Unidos porque nadie lo quiso recibir.
Defendió a Leonel Godoy y pidió pruebas si se le acusa de corrupto. Sandra Olimpia insistió: Alfredo Castillo alimentó al monstruo y se llevó millones de pesos de Michoacán.
Valencia se defendió: admitió que en el periodo de Castillo se oficializó al crimen, pero recalcó que Castillo nunca fue priísta. Aceptó que hizo negocios, pero reiteró que quien pactó y entregó Michoacán fue Leonel Godoy.
El petista Baltazar Gaona ya no distinguió siglas. PRI, PAN o PRIAN, dijo, es lo mismo. Los acusó de saqueo, crímenes y de pedir intervención extranjera para luego llamarle cooperación, y los mandó directo a la extinción.
La oposición volvió con Teresita de Jesús, quien reprochó la descalificación y exigió resultados en seguridad, salud y educación.
Defendió a Felipe Calderón como catedrático con la frente en alto, a diferencia de otros que están allá por la chingada.
Sandra Olimpia reviró que en salud se está avanzando y recordó el episodio de pacientes con cáncer a quienes les inyectaban agua. Y cerró con la pregunta final del día: si Alfredo Castillo no fue priísta, por qué sigue libre.
El mensaje quedó claro. La soberanía se proclamó como línea roja, la coordinación como necesidad y la crisis nacional como un pleito de archivo.
El discurso patriótico duró lo que tarda en aparecer el primer nombre propio. Después vino lo de siempre: tú lo hiciste, tú lo alimentaste, tú no lo resolviste. Para sorpresa de nadie, nada nuevo: el reparto de culpas sin autocrítica.




