Entre trapos al sol y acusaciones de huachicol salarial, aprueban Plan B

MORELIA, Mich., 15 de abril de 2026.- En un debate marcado por señalamientos de opacidad, reproches internos y acusaciones de “huachicol salarial”, el Congreso de Michoacán aprobó el dictamen que avala la minuta federal de reforma constitucional para reducir privilegios en el servicio público, imponer topes salariales y acotar el crecimiento del gasto legislativo.

La discusión subió de tono cuando la diputada del PT, Belinda Hurtado Marín, acusó que la nómina del Congreso nunca ha sido transparentada y reprochó la negativa del secretario de Finanzas, Alejandro Estrada Salinas, a entregarle información. 

Señaló que se trata de un funcionario que es empleado de todos los diputados, no de uno o de algunos, luego de que, según expuso, el propio tesorero le indicó que no estaba autorizado para proporcionar datos y que debía solicitarlos a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano.

Desde la oposición, PAN y PRI votaron en contra, aunque fue el priista Guillermo Valencia Reyes quien llevó el debate al terreno político. 

Cuestionó que haya tenido que intervenir la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para imponer medidas de austeridad, y acusó que mientras se habla de recortes, el Congreso aprobó en diciembre pasado un incremento presupuestal que superó los mil millones de pesos, cuando en años recientes apenas rebasaba los 300 millones.

En la discusión, legisladores de Morena defendieron la reforma bajo el argumento de combatir privilegios heredados del pasado, sin precisar el monto de las prerrogativas mensuales que reciben los diputados. De manera extraoficial, estas podrían alcanzar hasta un millón de pesos en el caso de coordinadores de bancada, lo que alimentó los señalamientos de opacidad.

El diputado morenista Juan Pablo Celis salió en defensa del secretario de Finanzas y pidió revisar caso por caso, al advertir que también debe analizarse si existen prácticas irregulares al interior del Congreso, al ironizar sobre la posibilidad de que algunos legisladores estén recortando indebidamente los salarios de sus asesores o trabajadores.

Más allá del choque político, el dictamen aprobado respalda modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución federal, con el objetivo de racionalizar el ejercicio del poder público y ajustar el uso de recursos bajo criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.

Entre sus principales alcances, se establece un tope a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, quienes deberán ajustarse al límite previsto en el artículo 127 constitucional, además de prohibir la contratación con recursos públicos de seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas y otros beneficios considerados privilegios.

En materia presupuestaria, se fija un límite de 0.70 por ciento del presupuesto estatal para los congresos locales, con la restricción de que no podrán incrementar su gasto real por encima de ese umbral. En paralelo, el Senado deberá aplicar una reducción progresiva de 15 por ciento en su presupuesto respecto a 2026, en un plazo de cuatro años.

El dictamen también redefine la integración de los ayuntamientos, al establecer un máximo de 15 regidurías y una sindicatura, con el objetivo de evitar estructuras sobredimensionadas. Los recursos liberados por estos ajustes deberán permanecer en las haciendas municipales y destinarse a fortalecer su capacidad financiera.

Asimismo, se incorporan restricciones para evitar vínculos familiares directos en candidaturas a presidencias municipales y diputaciones, además de reforzar los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración de los órganos de poder local.

El documento sostiene que la reforma busca reorientar el gasto público hacia infraestructura y bienestar social, bajo el principio de que el poder público debe ejercerse en beneficio de la ciudadanía. 

Sin embargo, el debate dejó al descubierto que la exigencia de austeridad también alcanza a las prácticas internas del propio Congreso, donde la transparencia en el manejo de recursos sigue siendo un punto de tensión.