Destaca Torres Piña ventaja territorial en Michoacán
MORELIA, Mich., 27 de abril de 2022.- De septiembre pasado a la fecha, los diputados integrantes de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán han contratado a 450 empleados de confianza, con lo que suman ya 700 plazas de este tipo, cuyo salario corre a cuenta del dinero público y recarga en los michoacanos el sostenimiento de uno de los congresos más caros de México.
Ante la “cacería de aviadores”, emprendida por los actuales diputados, el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple), Rogelio Andrade Vargas, manifestó preocupación por que los diputados pretendan destituir a prestadores de servicio, no para adelgazar la nómina, sino para imponer a más de su gente.
En entrevista, el dirigente sindical comparó que la anterior Legislatura tenía una plantilla de 980 trabajadores, que para diciembre pasado ya se había incrementado hasta mil 236 trabajadores, es decir, 256 más, a los que se sumaron 200 asesores: cinco para cada uno de los 40 diputados y diputadas, en total, más de 450 empleados de confianza.
Explicó que actualmente son 480 sindicalizados, 60 de base, 200 prestadores de servicio y todos los demás son asesores, trabajadores adicionales que ingresaron a esos espacios por contratación de algunos diputados o por un reparto entre los 40 curuleros, en suma 700 empleados de confianza entre quienes, dijo, podrían estar esos aviadores que los diputados están buscando.
“Si quieren buscar aviadores es cuestión de que busquen en el personal que ellos dieron de alta y ahí los van a encontrar. Nosotros no vemos a los cerca de 700 trabajadores que traen los diputados actuales, incluyendo la estructura, que son directores, jefes de departamento y personal de confianza, así como los asesores”, señaló.
Advirtió el riesgo de que los diputados del Congreso de Michoacán, cuyo máximo órgano de gobierno de facto es la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quiera perjudicar a trabajadores que tienen más de una década laborando en el Congreso, y eso pueda generar laudos millonarios que se cargan a los hombros de los michoacanos.
Desde la cúpula, la Jucopo han señalado que hay “aviadores” cobrando sin trabajar en el Congreso, por lo que, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración han implementado medidas como un reloj checador de entradas y salidas, así como la solicitud de la documentación de identidad, curricular y fiscal a todo el personal.
Al respecto, Andrade Vargas reconoció que es facultad de la autoridad tomar estas medidas, y aunque consideró innecesario pedir la documentación al parejo, ya que pudo haberse realizado específicamente a trabajadores que la tuviesen incompleta o desactualizada, subrayó que colaborarán siempre que no se violenten derechos laborales.
Con un presupuesto de mil millones de pesos anuales, el Congreso de Michoacán es uno de los más caros del país; en cada cambio de Legislatura la disputa por los espacios de trabajo es una constante: los diputados entrantes llegan con su gente y los legisladores salientes tienen que llevarse consigo a su personal de confianza.
Sin embargo, esto no siempre sucede, porque algunos de los empleados de confianza acuden a reclamar derechos ante los tribunales laborales, un fenómeno que hasta diciembre de 2021 generaba una deuda en laudos por más de 13 millones de pesos, deuda millonaria que deberá cubrirse con el dinero de los michoacanos.




