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MORELIA, Mich., 12 de abril de 2026.- En Michoacán, personas con autismo que han sido educadas fuera del sistema escolar tradicional enfrentan, en los hechos, un bloqueo para validar sus estudios y reincorporarse a la educación formal, debido a la falta de reglas, criterios y procedimientos en la normatividad estatal.
El problema parte de una realidad reconocida desde el propio Congreso de Michoacán, que ha detectado barreras pedagógicas, sociales y de infraestructura en las escuelas, diversas familias optan por modelos como la educación en casa para atender necesidades específicas; sin embargo, al intentar regresar al sistema educativo, se topan con un vacío administrativo que impide reconocer su nivel académico.
Esta ausencia de mecanismos no sólo dificulta el acceso, sino que rompe la continuidad educativa y coloca a esta población en una condición de exclusión, aun cuando existan procesos formativos sólidos fuera del aula, con desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades integrales.
Actualmente, el sistema educativo estatal no cuenta con lineamientos que permitan validar estudios realizados en modalidades no escolarizadas, ni con criterios que eviten prácticas como la repetición injustificada de grado o evaluaciones que terminan funcionando como filtros de exclusión.
Frente a este escenario, en la Comisión de Educación del Congreso de Michoacán se analiza una propuesta para crear un mecanismo formal de validación de estudios y reconocimiento de trayectorias educativas para personas con autismo y otras condiciones.
La ruta planteada incluye la implementación de evaluaciones diagnósticas especializadas, diseñadas con enfoque psicopedagógico, que consideren no solo contenidos académicos, sino también habilidades socioemocionales y el desarrollo integral, con el objetivo de ubicar el nivel educativo correspondiente sin generar barreras adicionales.
Además, se propone establecer coordinación entre la autoridad educativa, instituciones escolares y organizaciones especializadas en inclusión, así como generar un registro que permita dar seguimiento a los casos de reincorporación escolar, un dato que actualmenye ni siquiera está sistematizado en el estado.
El planteamiento reconoce también un rezago normativo: la legislación vigente en Michoacán no contempla de manera integral las necesidades de personas con autismo en materia educativa, lo que evidencia una brecha entre el derecho constitucional a la educación inclusiva y su aplicación real.
De avanzar, la propuesta implicaría la emisión de lineamientos específicos, capacitación docente en inclusión y ajustes presupuestales para su implementación, en un intento por corregir una omisión que hoy mantiene a una parte de la población fuera del reconocimiento oficial de sus estudios.




