En mayo, Contraloría del Congreso asumiría funciones de transparencia
MORELIA, Mich., 2E de abril de 2025.- El Congreso del Estado prevé que durante mayo se concrete la reforma a su Ley Orgánica para formalizar la fusión de su Coordinación de Transparencia con la Contraloría Interna, como parte del proceso derivado de la extinción del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Imaip).
El proyecto ya fue presentado a la Junta de Coordinación Política y, según confirmó la encargada de Despacho de la Contraloría, Brenda Fraga Gutiérrez, se espera que sea aprobado en las próximas semanas: “Creemos que en este próximo mes (mayo) pudiera salir la reforma”.
La reestructura no contempla despidos ni liquidaciones, y se realizará con el mismo personal y estructura: “La coordinación no desaparece, sino que forma parte de la Contraloría... así es, se fusionan”, explicó Fraga.
Actualmente, el área de la Contraloría opera desde Aristeo Mercado 555, pero será reubicada junto a la Coordinación de Transparencia, en una nueva sede cercana al edificio central del Congreso del Estado, en el primer cuadro de la ciudad.
Este movimiento responde al Decreto Constitucional 108, publicado el 4 de abril, mediante el cual se instruye la extinción del Imaip en un plazo de 120 días hábiles.
El comisionado presidente del Imaip, Abraham Montes Magaña, confirmó a Quadratín que una vez extinguida la institución, cada órgano autónomo asumirá internamente las funciones de acceso a la información y protección de datos:
“La Contraloría Interna del Congreso será la que realice las funciones de los recursos de revisión en materia del Congreso del Estado”.
Montes también detalló que el Congreso deberá adecuar su ley interna dentro del mismo plazo constitucional para armonizar su normativa con la reforma federal que extinguió al INAI.
En ese contexto, el Congreso de Michoacán es uno de los sujetos obligados que asumirán directamente las tareas que antes realizaba el órgano garante estatal.
Advirtió que el marco normativo ya contempla responsabilidad directa para los titulares de las contralorías en caso de omisión: “Ya no es solo un tema de equilibrios políticos, ahora hay consecuencias legales”.
Aunque en el Congreso no existía un órgano independiente como el Imaip, la reforma implica un cambio de adscripción de atribuciones, que pasará de la coordinación a la Contraloría, la cual será la responsable de garantizar el derecho de acceso a la información en lo sucesivo.
