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MORELIA, Mich., 11 de mayo de 2026.- Michoacán podría elegir entre 80 y 82 jueces y juezas en la próxima contienda judicial, prevista tentativamente para 2027 o 2028, dependiendo de las definiciones federales sobre la concurrencia electoral, reveló la consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León.
En entrevista con Quadratín, explicó que la renovación pendiente corresponde a la mitad de juzgadores de primera instancia que no fueron incluidos en la elección judicial de 2025, proceso en el que ya quedaron cubiertas todas las magistraturas del estado. “Todas las magistraturas ya están cubiertas con la elección del 25”, señaló.
Detalló que entre los cargos pendientes figuran jueces penales, laborales, civiles, mixtos y menores, prácticamente de todas las especialidades con las que cuenta el Poder Judicial estatal.
Precisó que solamenmte en materia penal quedarían pendientes alrededor de 18 o 19 jueces. “Nos hacen falta jueces en materia laboral, jueces mixtos, jueces de todas las especialidades. Nos hicieron falta más o menos como 18, 19 jueces penales”, indicó.
Mendoza Díaz de León explicó que esos cargos serían sometidos a voto popular en la siguiente etapa de la reforma judicial, aunque todavía persiste incertidumbre sobre la fecha exacta de la elección, debido a que actualmente la legislación prevé que sea concurrente con las elecciones constitucionales de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.
“Como está la norma federal y como está la norma local, la elección sería concurrente”, sostuvo la consejera, quien agregó que el IEM ya planteó una propuesta técnica para que, en caso de mantenerse la concurrencia, los cómputos judiciales se realicen después de concluir los de la elección ordinaria. “Es una propuesta, la dejamos ahí en la mesa”, comentó.
La consejera advirtió que un proceso simultáneo implicaría riesgos de invisibilización para las candidaturas judiciales, debido a que competirían mediáticamente con campañas partidistas tradicionales y además enfrentarían condiciones desiguales por las restricciones de financiamiento.
“Creo que les conviene a los candidatos del Poder Judicial tenerlo en otro momento para que el foco se vaya con ellos y la gente los pueda conocer y no se pierda en este mundo del proceso electoral”, expresó.
Añadió que, a diferencia de candidaturas partidistas, quienes aspiren a cargos judiciales no contarán con acceso a financiamiento público y privado. “Unos tienen acceso a financiamiento público y privado y los del Poder Judicial no tienen acceso a eso”, dijo.
Respecto a las recientes renuncias dentro del Poder Judicial, indicó que cualquier definición sobre sustituciones, suplencias o encargaturas corresponderá exclusivamente al órgano de administración judicial, al ser una facultad interna de ese poder. “Es una decisión y una facultad exclusiva del Poder Judicial”, concluyó.




