El 75% de mexicanos desconfía de policías y tránsitos; proponen cámaras

MORELIA, Mich., 22 de junio de 2025.- El Congreso de Michoacán analizará una iniciativa que propone la instalación obligatoria de cámaras de video vigilancia en chalecos, cascos, uniformes, patrullas y motocicletas de los elementos policiacos y de tránsito.

El próximo miércoles la bancada del PAN presentará la propuesta al Pleno, al considerar que los cuerpos de tránsito y seguridad pública en Michoacán enfrentan un grave problema de desconfianza ciudadana, donde hasta el 75 por ciento de la población los percibe como muy corruptos.

De acuerdo con el diagnóstico basado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 75 por ciento de la población identifica a los agentes de tránsito como muy corruptos, mientras que en el caso de los policías estatales y municipales la percepción de corrupción oscila entre el 63 y el 66 por ciento.

A esto se suma una percepción de efectividad baja, de entre 45 y 50 por ciento, asociada a actos como sobornos, uso excesivo de la fuerza y operativos ineficaces. Como solución, el proyecto plantea incorporar la tecnología al servicio de la seguridad pública y vialidad mediante cámaras que graben en tiempo real las actuaciones de los elementos.

La argumentación advierte que se busca prevenir abusos de autoridad, corrupción y violencia, además de generar evidencia probatoria para las autoridades judiciales y administrativas.

La propuesta contempla medidas para proteger los derechos humanos, la intimidad y los datos personales, estableciendo obligaciones precisas para el manejo, almacenamiento y difusión de las imágenes.

La iniciativa prevé que las autoridades estatales y municipales sean responsables de adquirir, instalar y mantener los equipos, así como de capacitar a los elementos y resguardar la información.

El plazo máximo para la implementación es de 180 días naturales. El uso inadecuado de las videograbaciones, como su copia, difusión o alteración sin autorización, será sancionado con amonestación, arresto, suspensión temporal o baja definitiva, según la gravedad del caso.