Duelo infantil sin política pública; Congreso busca institucionalizarlo

MORELIA, Mich., 3 de mayo de 2026.- En análisis en comisiones del Congreso de Michoacán se encuentra una reforma para incorporar de manera obligatoria la atención tanatológica a niñas, niños y adolescentes, ante la ausencia de una política pública que atienda el impacto emocional de pérdidas familiares en este sector.

El problema es estructural: hoy el Estado no cuenta con un esquema institucional que acompañe a menores que enfrentan la muerte de padres, cuidadores o familiares cercanos, ni procesos de enfermedad terminal o desintegracióm del hogar, pese a que estos eventos se han intensificado en contextos de violencia y crisis social.

La propuesta plantea modificar la Ley de Asistencia Social del Estado para obligar al sistema DIF estatal y a los municipales a brindar atención tanatológica en al menos cuatro escenarios: pérdida de madre, padre o cuidador primario; convivencia con familiares en fase terminal; procesos de separación familiar con impacto emocional; y otros casos de duelo que ameriten intervención.

El dictamen prevé que las autoridades coadyuven con instituciones educativas para detectar casos y ofrecer orientación y acompañamiento dentro del entorno escolar.

El planteamiento incluye la emisión de lineamientos y protocolos de actuación en un plazo de 90 días, lo qeu obligaría a las instituciones a definir rutas de atención, canalización y seguimiento para menores en duelo.

Sin embargo, la implementación se proyecta sin ampliaciones presupuestales, lo que coloca el reto en la capacidad operativa del sistema DIF para absorber una demanda que hasta ahora no ha sido atendida de manera sistemática.

El fondo del debate es claro: mientras la violencia, la enfermedad y la desintegración familiar siguen generando pérdidas en la niñez, el Estado ha respondido de forma fragmentada, sin una política específica para el acompañamiento emocional.

Con la reforma en análisis, el Congreso busca convertir el duelop infantil en un asunto de política pública obligatoria, aunque su alcance dependerá de que la disposición legal se traduzca en atención efectiva y no quede limitada al pap