Detecta Congreso de Michoacán omisión presupuestal por autogobiernos

MORELIA, Mich., 18 de abril de 2025.- A pesar de que el gobierno estatal afirma haber realizado 114 reuniones con comunidades indígenas, tener 83 elementos comunitarios en proceso de certificación y 51 ya con portación de armas, no reporta un solo peso ejercido en asesorías, capacitación, seguridad ni difusión del presupuesto directo, denunció el Congreso de Michoacán.

De acuerdo con el dictamen de glosa del Tercer Informe de Gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aprobado con dos de cinco firmas de diputados de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso de Michoacán, Diana Mariel Espinoza, del PT, y Juan Carlos Barragán, de Morena, hay graves omisiones presupuestales.

El documento, que no cuenta con las firmas de tres de los integrantes, Fabiola Alanís, Víctor Manríquez y Helder Valencia, no ha Sido presentado al Pleno, sin embargo, señala la falta de coordinación con ayuntamientos y ausencia total de indicadores de impacto en las acciones destinadas al fortalecimiento de los autogobiernos indígenas, uno de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

Aunque el Ejecutivo presentó como avance la elaboración de un Decálogo para la Administración Pública Estatal sobre el Ejercicio del Derecho al Autogobierno Indígena y la Administración Directa del Presupuesto, el Congreso advirtió que no se informó cuántas comunidades han recibido el documento, si ha sido aplicado y, sobre todo, qué presupuesto se destinó para su difusión o implementación.

Tampoco se reportaron recursos ejercidos para asesorías jurídicas, políticas ni administrativas, a pesar de que el plan de desarrollo establece como acción prioritaria brindar acompañamiento técnico a las comunidades que transitan al autogobierno.

La Comisión subrayó que no se documentó la firma de convenios con ayuntamientos, a pesar de que el Plan Estatal de Desarrollo señala como obligación del Ejecutivo "impulsar la coordinación con los municipios para favorecer el derecho al presupuesto directo".

Esta omisión es significativa, ya que los municipios son actores clave en la transición de comunidades al autogobierno. En materia de seguridad comunitaria, el informe indica que 23 comunidades cuentan con 83 elementos en proceso de certificación y 51 ya portan armas.

Sin embargo, el dictamen cuestiona que no se presentó información sobre la inversión realizada en uniformes, armamento, certificaciones, equipamiento ni capacitación, lo que impide verificar el uso correcto y eficiente de los recursos públicos.

Tampoco se incluyeron datos sobre la aplicación de protocolos de paridad de género en la integración de los autogobiernos, ni sobre mecanismos de fiscalización del presupuesto directo, ambos elementos exigidos por el Plan Estatal como garantías de equidad y transparencia.

La falta de información fue calificada por la comisión como una violación al artículo 60, fracción 10, de la Constitución local, que obliga al titular del Ejecutivo a informar con precisión sobre el ejercicio del presupuesto y su vinculación con el desarrollo estatal.

Por ello, el dictamen exhorta de manera formal al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a incluir en el próximo informe de gobierno datos específicos sobre convenios firmados con ayuntamientos, protocolos de paridad y fiscalización del gasto, presupuesto ejercido en asesorías, seguridad y capacitación, e impacto medible de las acciones en comunidades indígenas.

Además, la Comisión de Asuntos Electorales instruyó notificar a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para que incorpore estas observaciones en su Plan Anual de Fiscalización 2024, que ya contempla auditorías de cumplimiento financiero a las Secretarías de Finanzas y Seguridad Pública. El objetivo es verificar si se ejercieron correctamente los recursos destinados a la transición indígena.

También se solicitó dar vista a la Comisión Inspectora del Congreso, con el fin de que valore incluir en el programa de fiscalización a la Secretaría de Gobierno y a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, responsables directas de las asesorías, consultas, capacitación y acompañamiento a las comunidades.

El dictamen concluye que la falta de información sobre el gasto ejercido, los impactos alcanzados y la coordinación institucional vulnera la transparencia y dificulta la rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Congreso y la ciudadanía.

De no corregirse estas deficiencias, advierte, se compromete la legitimidad de la política pública en materia indígena y se incumplen compromisos fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo.