Denuncian en FGR a Eréndira Isauro por presunto enriquecimiento ilícito

MORELIA, Mich., 19 de diciembre de 2025.- Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a la diputada local Eréndira Isauro Hernández, afín a la 4T, un presunto incremento patrimonial no justificado superior a los 10 millones de pesos; el señalamiento también presume lavado de dinero.

Según el folio CEDAC-114581-12-WEB del registro de la denuncia ante la FGR, lo anterior, derivado de una diferencia sostenida y documentada entre sus ingresos legales acreditados y las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante su trayectoria laboral, particularmente mientras ejercía el cargo público.

El documento entregado a la autoridad federal se sustenta en el análisis exhaustivo de sus declaraciones patrimoniales iniciales y de modificación correspondientes a los ejercicios 2021 a 2025, información obtenida vía solicitudes de transparencia ante la Contraloría Interna del Congreso del Estado, tabuladores oficiales de sueldos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, un oficio emitido por la Dirección de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán, así como registros públicos de la propiedad y datos vehiculares.

De acuerdo con este análisis, los ingresos netos totales de Eréndira Isauro Hernández a lo largo de su historial laboral ascienden a 5 millones 324 mil 488.78 pesos. Esta cifra incluye percepciones como supervisora en la iniciativa privada, funcionaria municipal, empleada en el sector privado, asesora en el Telebachillerato Michoacán y, principalmente, su etapa como diputada local desde septiembre de 2021.

En contraste, las adquisiciones patrimoniales plenamente identificadas y documentadas alcanzan al menos 13 millones 841 mil 900 pesos, sin considerar gastos ordinarios de manutención. Al incorporar un costo de vida acumulado estimado en 2 millones 20 mil pesos, la diferencia patrimonial no justificada se ubica en aproximadamente 10 millones 537 mil 411.22 pesos.

El núcleo de la denuncia se centra en la adquisición de tres bienes inmuebles en el municipio de Morelia, todos comprados de contado e inscritos en el Registro Público de la Propiedad del Estado. La primera propiedad fue adquirida en mayo de 2023, con un valor de 4 millones 650 mil pesos; la segunda en octubre de 2024, por 4 millones 550 mil pesos; y la tercera en septiembre de 2025, con un valor de 3 millones 200 mil pesos. En conjunto, estas operaciones inmobiliarias representan un monto de 12 millones 400 mil pesos.

Estas compras se realizaron mientras Eréndira Isauro Hernández ejercía funciones como diputada local y concentran el mayor incremento patrimonial en el año 2023, periodo en el que, además del inmueble de 4.65 millones de pesos, se registra la adquisición de un vehículo con valor superior a medio millón de pesos.

En el rubro de bienes muebles, la denuncia documenta la compra de tres vehículos declarados por la propia legisladora. Se trata de un Cadillac XTS modelo 2018, con un valor aproximado de 400 mil pesos; una camioneta Toyota Hilux modelo 2022, reportada en su declaración patrimonial por 468 mil 500 pesos, pese a que su precio de lista supera los 540 mil pesos; y una Dodge Journey modelo 2023, con un valor estimado de 573 mil 400 pesos. El monto total destinado a la adquisición de estos vehículos asciende a 1 millón 441 mil 900 pesos.

En el caso del Cadillac XTS, la denuncia señala una discrepancia relevante entre la fecha de adquisición reportada en la declaración patrimonial y los registros administrativos vehiculares, que ubican movimientos desde octubre de 2021, lo que permitiría presumir información falsa en el documento oficial. Respecto a la Toyota Hilux, se advierte que, aunque se declara su compra mediante crédito, no se reporta ningún pasivo asociado, lo que constituye una inconsistencia patrimonial. En cuanto a la Dodge Journey, se solicita investigar si fue adquirida de contado, ya que no se consigna de manera clara la forma de pago.

Otro eje central del señalamiento es la presentación extemporánea y con información inexacta de las declaraciones patrimoniales. La denuncia documenta que la declaración inicial fue presentada fuera de plazo y que las declaraciones de modificación de los ejercicios 2022, 2023 y 2024 también fueron entregadas de manera extemporánea, además de consignar como empleo principal el de docente en el Telebachillerato Michoacán, cuando en realidad la funcionaria ya se desempeñaba como diputada local.

En el desglose anual de ingresos, se exponen diferencias sustanciales entre lo declarado y lo realmente percibido. En la declaración de modificación correspondiente a 2022, la diputada reportó ingresos mínimos, incluso simbólicos, pese a que, conforme a los tabuladores oficiales del Congreso, sus percepciones reales superaban el millón 200 mil pesos anuales. Para el ejercicio 2023, se reportaron ingresos de un peso o incluso cero pesos por remuneración, cuando los ingresos reales estimados nuevamente rondaban 1.2 millones de pesos. Situación similar se observa en 2024.

Un elemento clave es un oficio oficial emitido por la Dirección de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, que acredita que, hasta agosto de 2024, Eréndira Isauro Hernández había percibido ingresos netos acumulados por 3 millones 477 mil 204.01 pesos, cifra congruente con los cálculos salariales y que refuerza la existencia de subdeclaración reiterada.

El cuadro comparativo incluido en la denuncia muestra que, al cierre de agosto de 2025, los ingresos acumulados de la legisladora ascendían a 5.32 millones de pesos, mientras que las adquisiciones y egresos identificados sumaban 13.84 millones de pesos, sin que exista correspondencia financiera entre ambas cifras.

Con base en estos elementos, la denuncia plantea la posible comisión de faltas administrativas graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como la omisión y falsedad en declaraciones patrimoniales, así como la presentación extemporánea de las mismas. Asimismo, solicita a la FGR investigar la probable configuración de delitos como enriquecimiento ilícito y, en su caso, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al advertir que las adquisiciones se realizaron mientras la denunciada ejercía un cargo público.

El documento pide a la autoridad ministerial verificar la congruencia entre los ingresos legales y las adquisiciones patrimoniales, determinar el origen de los recursos utilizados en las compras de bienes muebles e inmuebles y valorar, con parámetros oficiales, el costo de vida ordinario de la servidora pública, a fin de establecer si persiste un incremento patrimonial injustificado que amerite responsabilidades administrativas y penales.