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MORELIA, Mich., 3 de febrero de 2026.- Defender el bosque y el agua en la región serrana colindante entre Morelia y Villa Madero se ha convertido en una actividad de alto riesgo, relataron este martes dos habitantes de la zona, quienes denunciaron amenazas de muerte, asesinatos y desplazamiento forzado en comunidades rurales donde, afirmaron, la violencia criminal avanza sin contención.
Los testimonios se hicieron públicos en una rueda de prensa, en la sede del PRI Michoacán, partido que con frecuencia brinda espacio para denuncias ciudadanas de este tipo; ahí se expuso la situación de inseguridad que persiste en la sierra sur de Morelia y sus límites con Villa Madero, así como la ausencia de una intervención efectiva de las autoridades.
Javier, quien se presentó como promotor de defensa ambiental e integrante de comités comunitarios de Villa Madero, narró que el pasado 6 de noviembre fue víctima de un atentado y que desde entonces las amenazas se han intensificado.
Señaló que su único “delito” ha sido defender el bosque y el agua, y trabajar en la recolección de resina en un predio de su familia.
Relató que desde el 20 de agosto pasado fue advertido de que tenía prohibido ingresar a esas tierras, pese a tratarse de una propiedad familiar. Aun así, decidió acudir recientemente a recolectar resina, consciente del riesgo. “Yo ya había presentido que algo podía pasar”, dijo.
Al salir del monte, explicó, solicitó apoyo de elementos de seguridad, quienes intervinieron y evitaron una agresión directa.
Sin embargo, ya en la cabecera municipal, fue alertado de que había personas esperándolo, por lo que no pudo trasladar su producto. “El día después del 6 de noviembre me avisaron que donde me encuentren me van a matar”, expresó.
El ambientalista detalló que las amenazas no se limitan a él, sino que se extienden a otros integrantes de los comités de defensa ambiental.
Señaló a dos personas, a quienes identificó por nombre completo durante su testimonio: Ramón G. M. y Edwin R., como quienes ejercen control criminal en la zona.
Advirtió que responsabiliza a esas personas de cualquier daño que pudiera sufrir él, su familia o los defensores ambientales de la región. “Yo ya no tengo arreglo con nadie por el tema de defender el medio ambiente”, sostuvo.
Javier también denunció intimidaciones relacionadas con el uso de radios de comunicación, indispensables en una zona donde no hay señal telefónica.
Relató que se les ha advertido que, si son encontrados portando estos dispositivos, serían obligados "a comérselos", esto como forma de amenaza. “Eso es lo que quiero que el gobierno sepa”, afirmó.
En un segundo testimonio, Camilo Reséndez, originario de la comunidad de Las Galleras, relató el asesinato de su hijo y su nuera, ocurrido entre el 7 y 8 de octubre pasados. Con voz entrecortada, señaló que ambos fueron privados de la vida y posteriormente quemados. “Quedó un montoncito de huesos”, dijo.
Camilo pidió a las autoridades y a la Fiscalía que se dé seguimiento a su caso y a muchos otros que, aseguró, permanecen en el silencio por temor. “Hay mucha gente que ha perdido la vida y no se manifiesta porque tiene miedo”, expresó.
Afirmó que la violencia ha provocado el desplazamiento de familias enteras en comunidades que van desde Jesús del Monte hasta Balcones, y denunció que la tala ilegal de pinos se ha convertido en una fuente rápida de ingresos para los grupos criminales, junto con la presunta operación de laboratorios clandestinos en la región.
Ambos testimonios coincidieron en señalar que la problemática no se limita a homicidios y amenazas, sino que implica un deterioro ambiental profundo, control territorial, cobro de cuotas y el abandono forzado de comunidades rurales, mientras los habitantes esperan una respuesta efectiva del Estado.




