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MORELIA, Mich., 6 de febrero de 2026.- La constitucionalista Rosa María de la Torre Torres señaló que, pese a la reforma al artículo 4 en materia de protección animal, persiste un vacío normativo por la falta de la Ley General de Protección y Bienestar Animal prevista en un transitorio.
En el marco del foro La Constitución pendiente, realizado en el Congreso de Michoacán, celebrado este viernes, la también exdiputada del PRI, catedrática universitaria y fundadora del Grupo de Investigación de Derecho Animal, advirtió que esa omisión se está usando como argumento para frenar prohibiciones locales contra prácticas como corridas de toros y peleas de gallos.
Durante su participación, De la Torre sostuvo que, aunque en Michoacán se reformó la Constitución para incorporar “un principio de prohibición, de maltrato y de crueldad a los animales”, el gran pendiente sigue siendo el reconocimiento constitucional de la naturaleza y de los animales “como sujetos de derecho”, y no sólo como bienes protegidos o como “seres sintientes”.
La ponente centró parte de su exposición en una resolución reciente que, según expuso, involucró al municipio de Tepic, Nayarit, donde se prohibieron corridas de toros y peleas de gallos con base en el mandato constitucional contra el maltrato animal.
“¿Qué es lo que nos dice la Corte hace unos días? Pues que es inconstitucional prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en el municipio, porque el municipio está yendo por encima de lo que establece la ley estatal”, relató, al subrayar que en varias legislaciones estatales existen excepciones para esos espectáculos.
En ese contexto, De la Torre afirmó que la falta de la ley general se ha convertido en el argumento para posponer la aplicación plena del mandato constitucional. “En la reforma del artículo cuarto constitucional hay un mandato en un transitorio de generar una Ley General de Protección y Bienestar Animal, la cual todavía no sale. Ya pasaron los 180 días hace muchos días y todavía no sale”, dijo.
La especialista cuestionó que se pretenda condicionar la eficacia del mandato constitucional a la expedición de legislación secundaria. “Un mandato constitucional es vinculante desde el momento de su publicación, independientemente de que se exija una ley de desarrollo”, expresó, y añadió: “La ausencia de legislación reglamentaria nunca suspende un derecho”.
En su argumentación, citó autores y doctrinas para sostener la aplicabilidad directa de las normas constitucionales. “Las normas constitucionales son normas de eficacia directa y obligatoria para toda autoridad del sistema constitucional”, señaló, al tiempo de insistir en que la Constitución “es un derecho inmediatamente aplicable” y “no un simple mandato dirigido al legislador”.
El foro, convocado por el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado y la Casa de los Saberes Jurídicos, se realizó con motivo del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.
En la apertura, el director del Instituto, Daniel Rangel Piñón, planteó que “la Constitución no es únicamente un documento jurídico, sino un proyecto vivo que se construye y se revisa constantemente” y llamó a discutir “lo pendiente” como parte del fortalecimiento democrático.
La mesa incluyó también la participación en línea del maestro Leonel Rivero Rodríguez, quien planteó una reflexión sobre el entorno internacional y la necesidad de repensar el contrato social y el texto constitucional ante nuevos escenarios. Sin embargo, la ponencia de De la Torre colocó el foco en el tramo de implementación de la reforma constitucional en materia animal, particularmente en el transitorio de la ley general.
De la Torre sostuvo que limitar el debate a la categoría de “seres sintientes” deja la protección en un plano superficial y utilitario. “Nos estamos quedando solamente en esta esfera muy superficial de proteger su capacidad de experimentar placer y dolor físico”, afirmó, y cuestionó el criterio de “sufrimiento innecesario”. “Palabra clave, innecesario para quién. ¿Para el animal o para nosotros?”, planteó.
Al cierre de su intervención, insistió en que el tema volverá a la agenda judicial por litigios estratégicos que se están acumulando. “Vienen varios asuntos, vienen varios litigios estratégicos a nivel constitucional sobre temas de maltrato y crueldad animal, corridas de toros, peleas de gallos, zoológicos”, dijo.
Finalmente, sostuvo que la discusión de fondo será si el artículo 4 “es un mandato para prohibir la crueldad y cómo se cumple” o si se puede avanzar hacia el reconocimiento de animales “como sujetos, como agentes”.