Dejan partidos boquete fiscal; analiza IEM interventoría externa

MORELIA, Mich., 27 de agosto de 2025.- El proceso de liquidación de los partidos que perdieron su registro en 2024 sigue atorado entre pagos indebidos, falta de entero de impuestos y dudas sobre el destino de recursos, luego de las irregularidades cometidas por el entonces interventor José Uriel Ramírez Pineda, lo que obligó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a replantear el modelo de interventoría.

En entrevista con Quadratín, la consejera Selene Lizbeth González Medina explicó que en el caso de Tiempo por México el exinterventor sí retuvo y timbró impuestos en los pagos de enero y febrero de 2024, pero nunca los pagó.

En el Partido Encuentro Solidario (PES), agregó, se realizaron convenios de conciliación con supuestos trabajadores, a quienes se les depositaron montos netos sin retenciones fiscales.

“Para mí primero tenía que abrir esos pasos antes de convenir. No considero que haya certeza de que a quienes se les pagó efectivamente estuvieran reconocidos como trabajadores ante la Unidad Técnica de Fiscalización”, puntualizó.

La Comisión de Fiscalización determinó dar vista al Órgano de Control Interno y a la autoridad hacendaria para validar las cifras. “No hemos descartado dar vista a la Fiscalía, pero vamos por etapas”, dijo González Medina.

El cálculo preliminar asciende a unos 40 mil pesos en impuestos omitidos, aunque será la autoridad hacendaria la que defina el monto exacto. 

"Ese tema ya fue dictaminado: no se realizaron los enteros de esos pagos. Ahora lo que se está realizando es ver qué rutas de acción han trazado otros institutos electorales para subsanarlo”, explicó.

Las irregularidades detectadas a Ramírez Pineda no son nuevas. En revisiones previas se documentó que permitió pagos por casi dos millones de pesos a extrabajadores del PES sin retención del ISR, a pesar de que había más de cuatro millones de pesos disponibles en cuentas del partido. 

También se confirmó un adeudo superior a 40 mil pesos de Tiempo por México y la falta de integración de datos básicos de los beneficiarios, como RFC, CURP y sueldos. Representantes partidistas y consejeras ya habían advertido que esas omisiones debían derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales.

La ficha técnica del propio IEM precisa que la liquidación contempla fases obligatorias: primero, la enajenación de bienes mediante avalúo, venta y remate en tres etapas; después, el pago de obligaciones conforme a un orden de prelación que inicia con indemnizaciones a trabajadores.

El proceso sigue con impuestos y sanciones, y concluye con proveedores y acreedores; y finalmente, la transferencia de cualquier remanente a la Secretaría de Finanzas estatal. Solo tras cumplir con ello puede presentarse un informe final al Consejo General para cerrar el procedimiento.

Nada de eso ha podido completarse aún. Entre los pendientes están el remate de bienes, la lista definitiva de acreedores y la liquidación de los impuestos omitidos.

Ante este escenario, el Consejo General discute un cambio de modelo, pues actualmente la Coordinación de Fiscalización funge como interventora y revisora al mismo tiempo. 

"El interventor no puede ser quien a la vez revisa si sus propias actuaciones están bien hechas. Lo ideal es que alguien externo realice las gestiones y que la coordinación fiscalice”, subrayó González Medina.

De aprobarse, el nuevo esquema aplicaría a los cuatro partidos extinguidos: Encuentro Solidario Michoacán, Más Michoacán, Michoacán Primero y Tiempo por México.

Aunque el monto inicial detectado pueda parecer bajo, la consejera recalcó que está en juego dinero público y el precedente institucional: dejar sin sanción omisiones de este tipo abriría la puerta a irregularidades más graves en futuras liquidaciones.