Llevarán observación electoral hasta prisiones y voto en el extranjero
MORELIA, Mich., 10 de diciembre de 2025.- A propuesta del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputados de Morena -afines al bloque de Raúl Morón- no ocultaron sus animadversiones con el legislador de La Sombreriza, pero salieron en defensa del exfuncionario Mario Delgado Murillo, detenido por su presunta participación en los desvíos millonarios atribuidos a la construcción de cuarteles policiales durante el gobierno de Silvano Aureoles.
El Congreso de Michoacán vivió este miércoles una sesión marcada por tensión política y reclamos de imparcialidad judicial; la discusión se encendió cuando se dio lectura, por parte de un secretario de la Mesa Directiva, al punto de acuerdo presentado por Tafolla, quien no estaba presente en el Pleno al momento de su desahogo, lo que encendió a los moronistas.
El vacío generado por su ausencia abrió paso a un inesperado cierre de filas de diputadas y diputados moronistas, quienes salieron en defensa del exfuncionario silvanista Mario Delgado Murillo, detenido en marzo por su presunta participación en los desvíos millonarios atribuidos a la construcción de cuarteles policiales durante el gobierno de Silvano Aureoles.
La ausencia de Tafolla en el pleno atizó reproches de legisladoras moronistas, quienes cuestionaron que impulsara un punto de acuerdo y no estuviera presente al momento de su discusión. Ese vacío político se convirtió en uno de los ejes de la molestia expresada por diputadas como Sandra Garibay y Xóchitl Ruiz.
El documento leído a nombre de Tafolla exhortaba al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación a revisar la actuación de la jueza Patricia Sánchez Nava en la causa penal 118/2025. Según la exposición, la familia Delgado Muñoz acusa dilaciones, medidas cautelares desproporcionadas y violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Desde las gradas del Pleno, familiares irrumpieron con reclamos que resonaron en el salón de plenos: “¡No hay justicia!”, “¡No es un proceso jurídico, es político!”. De acuerdo con el texto presentado, Delgado Murillo ofreció entregar su pasaporte para desactivar la prisión preventiva justificada que le fue impuesta dos veces, y acusó que la jueza pudo optar por medidas menos lesivas. La familia señala que el exfuncionario es víctima de persecución política y que enfrenta decisiones judiciales sin motivación suficiente.
A la denuncia se sumaron voces del bloque moronista. La diputada Xóchitl Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que el caso de Mario Delgado refleja un problema más amplio de procesos plagados de retrasos y resoluciones que funcionan como sanciones anticipadas. Ofreció acompañar a la familia y urgió a instalar una comisión que los atienda.
La diputada Sandra Garibay intensificó el reclamo político al recordar que presentó una iniciativa para sancionar el ausentismo legislativo, subrayando que precisamente estas omisiones generan situaciones como la ausencia de Tafolla durante el debate de su propio punto de acuerdo. Exigió que el Congreso reciba de inmediato a la familia.
Desde Morena, Itzé Camacho pidió integrarse a la comisión propuesta y respaldó la revisión del actuar judicial. El diputado Juan Carlos Barragán, también moronista, afirmó conocer desde hace años a Mario Delgado y aseguró que enfrenta una injusticia, a diferencia de otros exfuncionarios investigados por desvíos, que señaló se encuentran prófugos. Tras manifestar su respeto a la familia, llamó a garantizar un proceso digno y sin sesgos.
Finalmente, el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia, con el compromiso de que una comisión de legisladores se reúna con la familia en privado.
Delgado Murillo fue detenido el 1 de marzo de 2025, el mismo día en que se aprehendió al extesorero estatal Carlos Maldonado, aunque este último en Estados Unidos.
Según información oficial difundida entonces, el exdelegado administrativo fue presentado ante la Fiscalía General de la República y estaría ligado a una de las 15 denuncias que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla interpuso por un presunto desfalco superior a 5 mil millones de pesos en la construcción de cuarteles policiales.
El respaldo de los legisladores moronistas fue firme, al acusar un uso político del sistema penal y denunciando fallas judiciales, mientras la familia continuó lanzando exigencias desde el pleno con una sola consigna que marcó la sesión: justicia para Mario Delgado Murillo.




