De Duarte a Ruffo: 12 exgobernadores bajo la lupa por presuntos delitos

MORELIA, Mich., 29 de julio de 2026.- Ocho del PRI, dos del PAN, uno del PRD y uno de Morena, en la última década al menos 12 exgobernadores han enfrentado detenciones, procesos penales, órdenes de aprehensión o investigaciones por presuntos delitos como delincuencia organizada, corrupción, lavado de dinero, peculado, tortura y vínculos con el crimen organizado.

Ernesto Ruffo Appel, emanado del PAN, fue detenido el 16 de julio y el pasado 23 de julio un juez federal lo vinculó a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, dentro de una investigación por un esquema de huachicol fiscal. Como medida cautelar permanecerá en prisión preventiva.

El caso se suma a otros expedientes que han involucrado a gobernantes emanados de distintos partidos políticos.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, actualmente con licencia, ha sido señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y es objeto de denuncias presentadas en México y de acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.

El mandatario ha rechazado los señalamientos y, hasta el momento, no existe una orden de aprehensión ejecutada en su contra en México. El caso permanece bajo análisis de la Fiscalía General de la República.

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz por el PRI, fue acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, tras una investigación por el presunto desvío de recursos públicos mediante una red de empresas fantasma. Permaneció prófugo desde octubre de 2016 hasta su captura en Guatemala en abril de 2017, de donde fue extraditado a México.

En 2018 se declaró culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por lo que fue sentenciado a nueve años de prisión. Además, desde 2022 enfrenta un proceso adicional por el delito de desaparición forzada.

También del PRI, César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, fue extraditado desde Estados Unidos en 2022 y continúa sujeto a proceso por diversos delitos relacionados con peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo y también emanado del PRI, fue detenido en Panamá en 2017 y extraditado a México, donde enfrenta procesos por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Otro exmandatario del PRI, Roberto Sandoval Castañeda, quien gobernó Nayarit, fue capturado en 2021 por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos derivados del ejercicio de su cargo.

Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas por el PRI, fue detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Tras ser deportado a México, enfrentó un auto de formal prisión por delitos contra la salud; sin embargo, en enero de 2026 un Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Nuevo León le concedió un amparo que dejó sin efectos esa resolución.

La determinación no implicó su libertad. El tribunal ordenó emitir una nueva resolución al considerar que la autoridad judicial no valoró de manera exhaustiva las pruebas presentadas por la defensa, lo que vulneró los principios de fundamentación, motivación y el derecho a una defensa adecuada. Mientras se repone el procedimiento, Yarrington permanece interno en el penal federal de El Altiplano.

Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla por el PRI, enfrenta un proceso penal por tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho. La acusación se originó por su presunta participación en la detención y traslado de la periodista en 2005, tras la publicación de Los demonios del Edén.

Fue detenido por la Fiscalía General de la República en febrero de 2021 y actualmente permanece sujeto a proceso penal y en prisión preventiva, sin que hasta ahora exista una resolución definitiva sobre su responsabilidad.

Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo por el PRI, fue investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y operaciones de lavado de dinero. Tras concluir su mandato en 1999 permaneció prófugo durante varios años, hasta su captura en 2001.

Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes del narcotráfico. Después de cumplir parte de su condena en Estados Unidos, fue repatriado a México en 2017 para continuar con las sentencias pendientes. Debido a su estado de salud, desde junio de 2020 cumple el resto de su condena en prisión domiciliaria.

Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit por el PRI, es investigado por presuntos delitos de uso indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos relacionados con un presunto fraude en el fideicomiso de Bahía de Banderas, que habría ocasionado un daño patrimonial cercano a 90 millones de pesos.

En noviembre de 2022 se libró una orden de aprehensión en su contra y se emitió una ficha roja de Interpol para su localización. Desde entonces permanece prófugo de la justicia mexicana, mientras continúan las investigaciones en su contra.

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas por el PAN, es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Las acusaciones dieron origen, en 2021, a un proceso de desafuero promovido por la Fiscalía General de la República.

Aunque obtuvo suspensiones judiciales que frenaron temporalmente las acciones penales en su contra, en febrero de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó uno de esos amparos, con lo que se reactivó la orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Actualmente, continúa enfrentando los procesos judiciales derivados de esas investigaciones.

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán por el PRD, enfrenta una orden de aprehensión por los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La investigación de la Fiscalía General de la República está relacionada con un presunto desvío superior a 3 mil millones de pesos destinado a la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil durante su administración.

Desde marzo de 2025 permanece prófugo de la justicia. La Fiscalía obtuvo una ficha roja de Interpol para su búsqueda internacional, mientras continúan las investigaciones y el proceso penal en su contra.

De este recuento, ocho de los exgobernadores involucrados fueron postulados por el PRI, dos por el PAN y uno por el PRD. La vinculación a proceso de Ernesto Ruffo representa además un hecho de alto impacto político por tratarse del primer gobernador de oposición que derrotó al PRI en una elección estatal, en 1989, y de una de las figuras históricas del PAN.