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MORELIA, Mich., 15 de julio de 2025.- El Congreso de Michoacán abrió la convocatoria para designar a la magistrada titular de la Quinta Sala del nuevo Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa, permitiendo la participación de exfuncionarias del gobierno estatal que se hayan separado de su cargo al menos 90 días antes de la elección.
Este requisito, establecido en el artículo 76 de la Constitución local, señala que no podrán ser electas quienes sean titulares de dependencias básicas de la administración pública centralizada, de la Fiscalía General del Estado o diputadas locales, siempre que no se separen de sus cargos noventa días antes de la elección.
Con ello, mujeres que recientemente hayan formado parte del Ejecutivo estatal u otros poderes públicos podrán competir por el cargo, siempre que acrediten dicha temporalidad.
La convocatoria fue expedida este martes en cumplimiento del decreto publicado el 13 de diciembre de 2024, que reformó el Código de Justicia Administrativa y ordenó al Congreso integrar el Pleno del nuevo tribunal en un plazo de 120 días hábiles.
La designación será por un periodo constitucional de nueve años, con posibilidad de reelección por única ocasión. La elección deberá resolverse por mayoría calificada en el Pleno del Congreso.
La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres profesionistas del derecho que cumplan, entre otros requisitos, con tener entre 35 y 65 años de edad, título de licenciatura en derecho con promedio general mínimo de ocho, o nueve en materias relacionadas o posgrados, así como tres años de experiencia profesional acreditada en el ámbito jurídico.
También deberán residir en Michoacán desde al menos dos años antes de la publicación de la convocatoria, presentar ensayo de postulación, cinco cartas de referencia y cumplir con la Declaratoria 3 de 3 contra la violencia.
Las interesadas podrán registrarse los días 17 y 18 de julio en las oficinas de la Mesa Directiva del Congreso, en horario de 9 a 15 horas.
La Comisión de Justicia entrevistará a las aspirantes para evaluar su perfil, aptitudes y plan de trabajo, y posteriormente integrará la terna que será votada en el Pleno.
La entrevista podrá realizarse de forma presencial o virtual, y las comparecencias serán documentadas.
La Comisión podrá verificar antecedentes y registros en plataformas oficiales, incluidos deudores alimentarios y casos de violencia política de género.
La información de las aspirantes será tratada conforme a las leyes de protección de datos personales. Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por la Comisión de Justicia.
Si bien el requisito de separación del cargo con noventa días de antelación cumple con los parámetros constitucionales, su aplicación abre la posibilidad de que perfiles estrechamente vinculados al gobierno en funciones integren un tribunal cuyo propósito es vigilar precisamente la legalidad administrativa y combatir la corrupción, lo cual podría generar cuestionamientos sobre la autonomía e imparcialidad del nuevo órgano jurisdiccional.




