Cuestiona Ni Uno Más mesas para ley de periodistas; ve ocurrencia

MORELIA, Mich., 10 de junio de 2026.- La vocera del colectivo Ni Uno Más Michoacán, Patricia Monreal, cuestionó el arranque de las mesas convocadas por el Congreso del Estado para construir una nueva ley de protección a periodistas y advirtió que el proceso corre el riesgo de convertirse en una ocurrencia legislativa más, alejada de los trabajos, diagnósticos e iniciativas que desde hace años han impulsado periodistas y defensores de la libertad de expresión.

En entrevista con Quadratín, la periodista afirmó que hasta ahora no existe una iniciativa concreta sobre la cual discutir y criticó que la diputada de Morena, Belinda Iturbide Díaz, presidenta del Comité de Comunicación Social en la 76 Legislatura, haya convocado a un encuentro público sin presentar previamente un documento base.

“En principio decirte que no hay una iniciativa. La diputada cuando nos comentó que iba a haber esto quedó de enviarla. Hasta el momento sigue sin enviar nada”, señaló.

Monreal sostuvo que la dinámica observada durante el encuentro no corresponde a un trabajo legislativo serio y acusó una falta de conocimiento sobre los antecedentes que existen en Michoacán en materia de protección al ejercicio periodístico.

“Me resulta preocupante porque además lo vemos en cada legislatura: el tema de la ocurrencia o las ganas de los diputados por hacer algo sobre lo que no tienen la menor idea”, expresó.

La integrante de Ni Uno Más consideró que el formato utilizado privilegió la exposición pública sobre la construcción técnica de una propuesta legislativa.

“El formato, por lo que vi, no es el idóneo de trabajo. Es una reunión para que escuchen, para que salga la foto de que están haciendo algo, pero no es un trabajo serio”, afirmó.

A juicio de Monreal, el Congreso dejó de lado años de análisis y propuestas acumuladas en torno a temas como acceso a la información, libertad de expresión, protección a periodistas y funcionamiento de los mecanismos institucionales existentes.

“No hay un montón de trabajo que se ha hecho con anterioridad en torno a reformas que tienen que ver con el tema de acceso a la información y al que podamos desarrollar el ejercicio periodístico”, señaló.

Incluso calificó como una falta de respeto que el proceso haya iniciado mediante un encuentro abierto sin una ruta técnica previa.

“Poner un micrófono en una, no sé si fue comilona, desayuno o qué habrá sido para que estén hablando, hasta me parece una falta de respeto. Así no se hacen las cosas”, sostuvo.

Cuestiona propuesta de fondo económico

Uno de los puntos que más inquietud le genera es la posibilidad de que una eventual legislación contemple recursos económicos específicos para periodistas.

Aunque aclaró que no conocía el contenido íntegro de las propuestras presentadas, sí manifestó reservas respecto a la idea de crear fondos financiados con recursos públicos para beneficiar al gremio.

“Me preocupa mucho algunas cosas que leí. No entiendo todavía esta idea de que los periodistas tengan que recibir dinero del erario, esta idea de institucionalizar el chayote a través de un fondo”, declaró.

La periodista consideró que las demandas económicas y laborales del gremio deben dirigirse principalmente hacia las empresas de comunicación y no hacia el presupuesto público.

“La batalla de los periodistas en cuanto a dinero y laboral está en sus empresas. ¿Quieren hacer algo con seriedad? Hagan que las empresas asuman a cabalidad sus responsabilidades”, planteó.

Monreal insistió en que el papel del Estado no debe centrarse en otorgar recursos, sino en garantizar condiciones para el libre ejercicio de la actividad periodística.

“Nosotros lo que tenemos que defender son derechos para el ejercicio, no recursos”, enfatizó.

Agregó que las prioridades deberían ubicarse en otros ámbitos, particularmente en el fortalecimiento institucional de los mecanismos de protección existentes.

“Yo cuestiono esa lógica porque me parece una institucionalización del embute frente a cosas que nosotros tenemos que pelear en otras trincheras”, afirmó.

Reclama avances pendientes

La vocera de Ni Uno Más señaló que existen asuntos mucho más urgentes y que permanecen pendientes tanto en el Congreso como en el gobierno estatal.

Entre ellos mencionó la necesidad de equilibrar la integración de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Recordó que durante los primeros años de la administración estatal existieron mesas de trabajo para revisar la conformación de ese órgano, pero los esfuerzos quedaron truncos.

“Era sobre lo que habíamos estado trabajando al inicio del gobierno de Alfredo y que finalmente se truncó todo ese trabajo”, recordó.

También mencionó la necesidad de establecer protocolos claros para la actuación de corporaciones de seguridad frente a periodistas durante coberturas informativas.

“Lo que tiene que ver con protocolos para el trato de fuerzas de seguridad hacia periodistas”, explicó.

A ello sumó la necesidad de garantizar acceso efectivo a la información pública y evitar prácticas de cooptación mediante la asignación. de convenios publicitarios.

“Un compromiso serio del Gobierno del Estado en torno al acceso a la información y a la no cooptación, como lo han venido haciendo desde la Coordinación de Comunicación Social de medios informativos a través de los convenios de publicidad”, sostuvo.

Ley Mauricio sigue detenida

Monreal también reprochó que continúen congeladas iniciativas impulsadas por periodistas y familiares de comunicadores asesinados.

Mencionó particularmente la llamada Ley Mauricio, promovida por el colectivo Ni Uno Más junto con familiares del periodista Mauricio Cruz Solís, asesinado en Uruapan.

“Tenemos atorada la llamada Ley Mauricio que presentamos como colectivo con la familia de Mauricio Cruz Solís”, señaló.

Recordó que al momento de su presentación existió el compromiso público de los coordinadores parlamentarios y de la presidencia del Congreso para agilizar su análisis.

“Esa iniciativa sigue atorada, no ha sido dictaminada, cuando el compromiso que asumieron en el momento en que se presentó era que a la brevedad”, afirmó.

De acuerdo con Monreal, la propuesta contempla sanciones para quienes obstruyan, agredan o violenten el trabajo periodístico, además de agravantes en delitos cometidos contra periodistas por causa de su labor.

La periodista recordó además que desde la pasada legislatura se impulsaron reformas relacionadas con la integración del mecanismo estatal de protección.

Explicó que una de las principales demandas consistía en garantizar que periodistas y defensored de derechos humanos tuvieran voz y voto dentro de la Junta de Gobierno y no únicamente participación testimonial.

“Actualmente la ley no prevé ni siquiera derecho a voto en la Junta de Gobierno por parte de periodistas y defensores, sólo derecho a voz”, explicó.

Van a crear un bodrio 

Patricia Monreal insistió en que cualquier reforma debe construirse sobre el trabajo acumulado durante años por organizaciones, periodistas y especialistas, y no a partir de ejercicios improvisados.

“Hay una historia, una experiencia legal, no nada más en Michoacán, en el país, sobre lo que tendría que prever una normativa de protección a periodistas”, dijo.

A su juicio, el riesgo es que una iniciativa impulsada sin conocimiento técnico trermine generando más problemas que soluciones.

“Me parece que es una ocurrencia”, sostuvo. Y concluyó con una advertencia dirigida a quienes impulsan el proceso legislativo. Puede resultar bodrio en la apetencia personal de una diputada por decir: yo saqué esto”, expresó.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión convocada por la diputada Iturbide Díaz, las mesas de trabajo convocadas continuarán en las próximas semanas con la recepción de propuestas de periodistas y organizaciones del estado.

Sin embargo, para Monreal, antes de plantear nuevas figuras legales o mecanismos de apoyo, el Poder Legislativo debería retomar y dictaminar iniciativas ya presentadas, revisar reformas pendientes al mecanismo de protección y recuperar los trabajos técnicos que, aseguró, quedaron inconclusos pese a años de discusión entre autoridades, periodistas y defensores de derechos humanos.