Cuestiona Morena iniciativa ambiental impulsada por su diputada

MORELIA, Mich., 17 de junio de 2020.- Por omitir la prohibición de los cañones antigranizo y el cambio de uso de suelo, insistir en cobrar a los ciudadanos el deterioro ambiental y no someter a consulta del Consejo Estatal de Ecología (COECO) y de los ciudadanos, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena cuestionó el dictamen de la Ley de Conservación y Sustentabilidad Ambiental.

Ese dictamen es impulsado por la diputada de ese instituto político Mayela Salas, pero como fue elaborado con base en una iniciativa del gobernador Silvano Aureoles, así como de la propia diputada Salas y de su correligionaria Teresa López, de la petista Teresa Mora y del verde ecologista Ernesto Núñez, pero la dirigencia estatal prácticamente pide a la bancada morenista votar en contra del dictamen.

“Los diputados de morena deberán revisar acuciosamente este tema y determinar la forma en que se habrá de emitir el voto de la bancada, siempre con responsabilidad y a favor del interés general de la población del estado”, se indica en el posicionamiento partidista circulada la mañana de este miércoles.

Los morenistas tienen la tesis de que los cañonazos, efectuados horas antes en la zona de Villa Madero el mismo día de la atípica tormenta que azotó la ciudad de Morelia, el 30 de mayo anterior, son los responsables de la manera en que se desencadenó el fenómeno pluvial que afectó la capital y reportan que existen por lo menos mil 500 cañones antigranizo en las zonas aguacateras de la entidad con su consecuente riesgo ambiental, por lo que no pueden dejar pasar la omisión de su prohibición.

Consideran que uno de los problemas más graves es el que tiene que ver con el cambio de uso del suelo, pero la ligereza con la que este asunto se ha atendido a la fecha, ha redundado en la pérdida de áreas forestales y de uso común, con sus afectaciones graves al hábitat y tampoco encuentran modificaciones legales a atender de fondo el que ha sido alentado principalmente por autoridades y funcionarios, caciques y grupos de interés y delincuenciales.

Externan su preocupación ante la insistencia de cobrar a los ciudadanos, los costos de las herramientas para frenar el deterioro ambiental ya que se pretende cobrar a los propietarios de los vehículos automotores la verificación vehicular entre otros servicios ambientales.

Aclaran que comparten la idea de que la ley debe regirse en materia de daños ambientales bajo la máxima de que “quien contamina paga”, no están aún seguros de que este supuesto esté garantizado en la ley a la hora de evaluar el daño y disponer de una justa reparación ambiental.

En morena consideran como muy grave que las comisiones no hayan convocado a los integrantes del COECO para darles a conocer, participar y generar propuestas u observaciones, ya que éste es el organismo ciudadano creado para consulta sobre este tema tan relevante. Una omisión inexplicable e injustificable.

Cuestionan también a los congresistas que no hayan estructurado una estrategia para escuchar las opiniones de los ciudadanos, aunque la iniciativa gubernamental haya sido producto de varios foros realizados por el Ejecutivo en 2017. Sin la participación del COECO y de la ciudadanía, la ley, que está a días de su discusión y posible aprobación, no cuenta con fundamentos sólidos.