Congreso de Michoacán mantiene en espera ley para desplazados

MORELIA, Mich., 15 de agosto de 2026.- A más de un año de haber sido presentada, continúa pendiente de dictamen en el Congreso de Michoacán la iniciativa para expedir la Ley para la Protección y Atención de Personas Desplazadas del Estado, propuesta por la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, integrante de la 76 Legislatura.

La propuesta fue presentada el 4 de junio de 2025 y plantea establecer un marco jurídico específico para reconocer, proteger y garantizar los derechos de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno en Michoacán.

Entre las medidas contempladas se encuentran la atención inmediata de las víctimas, asistencia humanitaria, protección efectiva y reparación integral, además de mecanismos que permitan el retorno voluntario a sus comunidades de origen, la reubicación o la integración local.

La iniciativa también plantea garantizar a las personas desplazadas el acceso a servicios públicos esenciales, como vivienda, atención a la salud física y mental, educación y oportunidades laborales o medios de subsistencia, así como establecer responsabilidades para las autoridades encargadas de atender esta problemática.

El planteamiento de Ruiz González parte del reconocimiento del desplazamiento forzado interno como una situación que afecta derechos fundamentales y que requiere una respuesta coordinada de las instituciones estatales, más allá de la atención inmediata ante una emergencia.

A más de un año de su presentación, la propuesta permanece dentro del proceso legislativo sin que se haya concretado un dictamen que permita llevarla a discusión del Pleno, por lo que continúa pendiente la creación de un marco jurídico estatal específico para atender a las personas desplazadas.

La relevancia de la propuesta se mantiene ante los casos de desplazamiento registrados en Michoacán. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 660 personas fueron desplazadas en las últimas semanas de agosto de 2024 en el estado.

El organismo documentó que, durante ese periodo, 250 personas salieron del municipio de Aquila y buscaron refugio en iglesias de Tancítaro y albergues de Coahuayana, mientras que en septiembre más de 160 personas fueron desplazadas hacia distintas comunidades de Coahuayana.

ACNUR también documentó que, en septiembre de 2024, más de 211 personas regresaron a sus hogares en Buenavista después de un operativo de seguridad; sin embargo, alrededor de 50 personas volvieron a desplazarse ese mismo día debido a otro hecho violento.

Para noviembre de 2024, el organismo registró además al menos 150 personas desplazadas de cinco comunidades rurales de Apatzingán a causa de enfrentamientos violentos.

Ante este escenario, la iniciativa de Xóchitl Ruiz plantea que la respuesta institucional no se limite a la asistencia durante una emergencia, sino que incluya mecanismos para garantizar la restitución de derechos, así como alternativas de retorno voluntario, reubicación o integración local para quienes se han visto obligados a abandonar sus comunidades.