Congreso de Michoacán, 5 meses en desacato a SCJN sobre discapacidad

MORELIA, Mich., 23 de octubre de 2026.- A casi cinco meses de haber vencido el plazo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de Michoacán continúa sin cumplir una sentencia que lo obliga a corregir disposiciones de la Ley de Justicia Cívica relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, mientras acumula requerimientos judiciales y apenas analiza una iniciativa para subsanar la omisión.

El incumplimiento del plazo es reconocido por el propio Poder Legislativo en el documento que desde esta misma semana ya revisan las comisiones unidas de Gobernación, Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y Justicia, donde se establece que la fecha límite para atender la resolución venció el 1 de junio de 2026, sin que se concretaran las modificaciones correspondientes.

La controversia se originó en la Ley de Justicia Cívica aprobada en febrero de 2024, que regula las faltas administrativas y las condiciones de permanencia de personas detenidas en centros de resguardo municipales. Entre sus disposiciones establecía que las personas con discapacidad, al igual que mujeres embarazadas, menores de edad y mayores de 65 años, no debían ingresar a celdas, sino permanecer en áreas asignadas.

Sin embargo, la SCJN invalidó parcialmente dos artículos de esa legislación al determinar que el Congreso había regulado derechos de las personas con discapacidad sin consultarlas previamente, como lo exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La sentencia, emitida el 17 de junio de 2025 a partir de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), también invalidó el uso de la palabra «incapaces» en el artículo 33, relacionado con las personas sujetas a procedimientos por faltas administrativas.

Para corregir esas disposiciones, la Suprema Corte concedió al Congreso un plazo de 12 meses, durante el cual debía realizar una consulta pública, accesible e informada con personas con discapacidad antes de aprobar una nueva regulación. No obstante, el propio documento legislativo reconoce que, una vez vencido el periodo, se formularon diversos requerimientos para que informara sobre las acciones emprendidas.

Ahora, las tres comisiones legislativas, presididas por Alejandro Iván Arévalo Vera, María Itzé Camacho Zapiain y Anabet Franco Carrizales, analizan una iniciativa que reproduce las expresiones invalidadas por la Corte y plantea someterlas a consulta antes de su eventual aprobación.

El proyecto no establece una fecha para realizar ese procedimiento ni precisa cuántos requerimientos judiciales ha recibido el Congreso, por lo que permanece pendiente el cumplimiento de una sentencia que busca garantizar la participación de las personas con discapacidad en las decisiones legislativas que afectan directamente sus derechos.

Mientras el Congreso revisa una reforma que debió atender dentro del plazo fijado por la Suprema Corte, continúa sin concretarse la adecuación de una ley que regula, entre otros aspectos, las condiciones de detención de personas con discapacidad por faltas administrativas.