Concentra nueva ley de FGE Michoacán unas 50 atribuciones en el Fiscal

MORELIA, Mich., 18 de septiembre de 2025.- El proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán no solo redefine a la institución como órgano autónomo con patrimonio y presupuesto propios, sino que también otorga al Fiscal General más de 50 atribuciones directas, consolidando un poder centralizado que plantea dudas sobre los contrapesos internos.

Este miércoles, el propio fiscal Carlos Torres Piña, se reunió con diputados de la Comisión de Justicia y les expuso el tema, que se prevé que sea aprobado sin resistencias.

El listado de atribuciones propuestas al Congreso de Michoacán, incluye facultades como crear o extinguir unidades especializadas, ordenar la rotación obligatoria de ministerios públicos, fiscales y peritos, decidir sobre el no ejercicio de la acción penal y autorizar sobreseimientos o criterios de oportunidad. 

Además, se le faculta para reorganizar la estructura orgánica de la institución según su criterio y emitir los reglamentos internos que regirán la actuación ministerial.

En materia operativa, el Fiscal podrá autorizar infiltración de agentes, operaciones encubiertas y entrega vigilada, así como definir lineamientos para solicitar o no prisión preventiva, medidas cautelares o sobreseimiento de procesos. Estas atribuciones colocan al titular como árbitro central de la política criminal del estado.

Si bien el proyecto habla de autonomía financiera, técnica y presupuestaria, la concentración de facultades en una sola oficina abre cuestionamientos sobre el verdadero alcance de esa independencia. 

El control interno se diluye en la figura del Fiscal, quien incluso puede remover o cambiar de adscripción al personal sin necesidad de justificación externa.

El discurso de la iniciativa se centra en la atención integral a las víctimas, la no revictimización y la perspectiva de género. 

Sin embargo, gran parte de esas medidas, como los protocolos de actuación, la coordinación con organismos de derechos humanos o los mecanismos de protección, dependen de lineamientos que el mismo Fiscal debe emitir. 

El resultado es que los derechos de las víctimas terminan condicionados a la discrecionalidad de quien concentra el poder.

La propuesta abre la puerta a que decisiones estratégicas de la Fiscalía se tomen desde criterios personales o coyunturales.

 El margen que tiene el Congreso se limita al nombramiento o remoción del titular, pero la operación cotidiana y la política criminal quedan en manos de una sola persona. 

Así, la ley se perfila como un instrumento que puede fortalecer la eficacia institucional o, en sentido contrario, profundizar la subordinación política de la justicia en Michoacán. 

El asunto será analizado en la Comisión de Justicia y se prevé que sea uno de los primeros temas que desahoguen los diputados en este segundo año legislativo. Cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos exigió que se le incluya en el análisis del dictamen.