Cierra Congreso segundo periodo con 669 iniciativas y 67 sesiones

MORELIA, Mich., 15 de julio de 2025.- Con un acumulado de 669 iniciativas presentadas, 67 sesiones celebradas, 313 dictámenes elaborados, 190 decretos expedidos y 199 acuerdos aprobados, el Congreso de Michoacán dio por concluido su segundo periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, que inició funciones en septiembre de 2024.

El balance fue expuesto por la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política, al destacar que estas cifras corresponden al primer año completo de actividad legislativa, en el que se ha mantenido un ritmo sostenido tanto en la presentación de iniciativas como en su análisis y resolución dentro de comisiones.

La suma de 313 dictámenes procesados da cuenta del trabajo técnico desarrollado en comisiones, mientras que los 199 acuerdos aprobados reflejan la toma de decisiones sobre diversos asuntos administrativos, políticos y de interés público que no implican reformas legales. Por su parte, los 190 decretos corresponden a modificaciones normativas avaladas por el Pleno.

Con el cierre del segundo periodo ordinario se abre paso a un periodo extraordinario, previsto para desahogar dos sesiones más antes del receso legislativo. En ese tramo se abordarán designaciones clave para la vida institucional del estado, entre ellas cargos en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), una magistratura anticorrupción, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado.

Estas decisiones representan no sólo un reto político para las fracciones parlamentarias que deberán construir acuerdos, sino también un momento de especial relevancia por el impacto que tendrán en los órganos responsables de la fiscalización, la procuración de justicia y la defensa de los derechos humanos en Michoacán.

El desempeño del Congreso será evaluado no solo por el volumen de iniciativas y dictámenes procesados, sino también por la transparencia en las designaciones pendientes, la apertura al debate y la capacidad para sostener una agenda legislativa que responda a las problemáticas estructurales del estado.