Caso Campeche: Ernesto Villanueva alerta de retroceso en libertades
MORELIA, Mich., 15 de junio de 2025.- La vinculación a proceso del periodista campechano Jorge González, exdirector de La Tribuna, acusado de incitación al odio contra la gobernadora Layda Sansores y sancionado con la prohibición de ejercer el periodismo durante dos años, constituye “un despropósito jurídico, inconstitucional y un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a saber de la sociedad”.
Así lo advirtió Ernesto Villanueva, abogado constitucionalista, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y referente en el impulso de leyes de transparencia en México.
En entrevista con Quadratín, Villanueva subrayó que no conoce los detalles del expediente ni del caso en particular. Sin embargo, señaló que los argumentos de la Constitución y de los tratados internacionales permiten anticipar una opinión crítica frente a medidas de esta naturaleza.
El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, establece que en materia penal deben existir normas exactamente aplicables al caso concreto. Las normas vagas o generales, que dejan lugar a la interpretación, son inconstitucionales”, explicó.
El jurista sostuvo que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia y que su regulación debe ser equilibrada y prudente.
Cuando se imponen sanciones bajo conceptos imprecisos como incitación al odio, se corre el riesgo de que se usen como barniz legal para decisiones políticas destinadas a atemorizar a quienes disienten del poder”, advirtió.
Villanueva, quien ha sido representante legal de medios como Proceso y Organización Editorial Mexicana, indicó que no existe base constitucional para que una jueza local imponga una prohibición al ejercicio profesional de un periodista.
El artículo 5 constitucional protege la libertad de profesión. Limitarla de este modo viola los principios de progresividad e interdependencia de los derechos humanos previstos en el artículo 1 de la Constitución”, apuntó.
Además, recordó que el artículo 1° obliga a toda autoridad a interpretar las normas conforme al principio pro persona y de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos.
Lo ocurrido representa una regresión, un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos. Esto afecta no solo al periodista, sino al derecho de la sociedad a estar informada”, señaló.
Villanueva resaltó que este caso se suma a otros riesgos recientes. Mencionó la reforma penal en Puebla sobre ciberdelitos, con redacciones tan generales que podrían usarse para perseguir periodistas críticos.
Sobre Michoacán, destacó que aunque la reforma en materia de apología del delito exenta expresamente a los periodistas, persiste la amenaza para otros sectores como artistas y movimientos sociales.
El caso de Campeche es inaudito. No he visto un ataque tan frontal a la libertad de expresión en América Latina. Es un exceso que debe revertirse”, concluyó Villanueva, quien también es catedrático y conferencista internacional en temas de derecho a la información y libertad de expresión.
